Suspende las facultades de Manuel Fernández Sousa y de todo el consejo

El juez aparta a Sousa

Mantener las facultades del consejo de administración de Pescanova “entraña evidentes riesgos”, dice en un auto comunicado el jueves el juez Roberto de la Cruz. El magistrado del Juzgado Mercantil número 1 de Pontevedra, que tramita el concurso de acreedores de la multinacional gallega, ha decidido suspender las facultades de administración de los principales ejecutivos, entre ellos las de su presidente, Manuel Fernández Sousa, dado que hacer lo contrario podría “conducir a una situación de difícil gobernabilidad en absoluto compatible con el orden que debe presidir el proceso concursal”.

Al ser Pescanova una compañía cotizada, será la CNMV el organismo que designe al administrador concursal, fuentes cercanas a la empresa señalaban ayer como candidatos más probables a recibir este encargo a Deloitte y a Price Waterhouse. El juez explica en el auto que a pesar de que el concurso de Pescanova incurre en los supuestos por los que podría ser declarado un proceso de especial trascendencia, “no se procederá al nombramiento de segundo administrador concursal”.

El magistrado enumera las razones por las que considera necesario la suspensión de las facultades del consejo del grupo. En primer lugar la compañía ha incumplido el deber de formular las cuentas en el plazo indicado; el ejercicio 2012 está sin auditar, habiendo el grupo solicitado la revocación de su auditor (la consultora BDO); existen “discrepancias relevantes” entre la información que envió Pescanova al juez con motivo de la presentación de su solicitud de concurso y la enviada días después. Se refiere al juez a una diferencia de 88 millones de euros en el pasivo comunicado y al anuncio por parte de Sousa, el lunes de la pasada semana, de haber vendido el 7% del capital entre diciembre y febrero.

Además el juez apunta que el cargo de presidente de Sousa ha expirado ya y recuerda las diferencias existentes entre los consejeros del grupo. Grupo Damm, con el 6,1% del capital, se negó a firmar las cuentas de 2012 a finales de febrero; en el consejo celebrado el 4 de abril, en el que se anunció la decisión del grupo de pedir concurso de acreedores, cinco consejeros se opusieron a la medida.

“Todo la anterior apunta sin temor al equívoco”, indica el juez en el auto, “a que mantener las plenas facultades del deudor debe conducir a una situación de difícil gobernabilidad”. El magistrado dice que toma esta decisión “sin necesidad ni aún conveniencia de analizar cuestiones distintas a las relatadas que puedan tener su relevancia en otros momentos del concurso” ni “por descontado de la posibilidad de volver al sistema de mera intervención”.

En el auto el juez señala que la compañía tiene intención de solicitar a la administración concursal “autorización para retrasar la obligación legal de formular cuentas anuales”. La empresa destacó ayer en un comunicado a la CNMV sobre el auto del juez el carácter voluntario del concurso (no ha sido instado por un acreedor) y que no se ha solicitado la liquidación ni se ha propuesto convenio.

De la ‘crisis de Pescanova’ al ‘caso Pescanova’

La crisis de Pescanova se ha trasladado al terreno judicial. Organismos reguladores y judiciales como la CNMV, la Fiscalía General del Estado y el juzgado mercantil de Pontevedra están tomando las riendas de la compañía dada la falta de diligencia mostrada por los consejeros de la multinacional gallega a la hora de presentar las cuentas del ejercicio 2012, comunicar su deuda o declarar en el momento adecuado la venta de acciones.

La presentación de querellas por parte de representantes legales de accionistas minoritarios judicializa aun más la crisis de Pescanova.

El pasado martes día 17 de abril la CNMV informó que monitorizará la auditoría de las cuentas del grupo y que estudia posibles sanciones.

La presidenta del regulador del mercado español, Elvira Rodríguez, reveló la pasada semana que ha remitido a la Fiscalía General del Estado un informe sobre la actividad de los consejeros de Pescanova para que se dilucide si alguno de ellos incurrió en un delito de uso de información privilegiada o abuso de mercado.

La decisión de la presidenta de la CNMV tuvo lugar después de conocerse que Manuel Fernández Sousa había vendido entre diciembre y febrero un 7% de su 14,4% en Pescanova, lo que el presidente del grupo no informó hasta el lunes 15 de abril. Sousa justificó las operaciones diciendo que había puesto a disposición de la compañía su patrimonio para resolver problemas de liquidez de Pescanova. Un día después Sousa explicó que había prestado a Pescanova 9,3 millones, menos de un tercio de los ingresos que había obtenido con la venta de su participación (valorada en 31,5 millones).

Cuentas, consejo y acciones

cuentas

Pescanova no ha comunicado públicamente todavía sus cuentas del ejercicio 2012. La CNMV ha solicitado al grupo ya en tres ocasiones información al respecto. La empresa pedirá aun más tiempo a la administración concursal nombrada por el juez para entregarlas.

concurso

La multinacional ha sido declarada en concurso voluntario, tras constatar el juez la situación de insolvencia del grupo. El 5 de marzo el consejo de administración, con la oposición de cinco consejeros, decidió solicitar la medida, así como la revocación de su auditor, la consultora BDO.

acciones

Manuel Fernández Sousa comunicó la pasada semana a la CNMV haber vendido un 7% del capital en Bolsa de Pescanova entre diciembre y febrero. Hasta ese momento Sousa había declarado una participación del 14,4%. Ahora es del 7,4%. La CNMV envió la pasada semana un informe a la Fiscalía para que se dilucide si hubo consejeros que se aprovecharon de información privilegiada.

consejo

Damm, de la familia Carceller, con el 6,1%, se negó a firmar las cuentas de 2012 y se ha opuesto a las decisiones defendidas por Sousa. Además de Damm, los consejeros Francois Tesch (Luxempart), Antonio Basagoiti, José Antonio Pérez Nievas (Iberfomento), y Yago Enrique Méndez se opusieron a la decisión de pedir concurso.

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