Abogados y trabajadores sociales plantean la mediación para evitar desahucios
El CGAE estima que el porcentaje de acuerdos satisfactorios se sitúa en el 60% Quieren que se canalice a través del servicio público de servicios sociales
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General del Trabajo Social han propuesto hoy al Ministerio de Economía la implantación de un sistema de intermediación previo a la interposición de cualquier demanda de ejecución hipotecaria.
El sistema, gratuito para los usuarios, se basa en las llamadas Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH), puestas en marcha por primera vez en enero de 2012 por el Colegio de Abogados de Terrassa (Barcelona) y que funcionan ya en otros 28 Colegios -que abarcan más de mil municipios- gracias a convenios suscritos con Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales.
La intermediación facilita la comunicación entre la parte deudora y la entidad financiera para encontrar una solución antes de una demanda de ejecución hipotecaria o durante el proceso de ésta, aunque también se asesora a aquellas personas que, aunque no hayan dejado de pagar, necesitan información sobre las consecuencias de un posible impago.
Según el CGAE, el porcentaje de acuerdos satisfactorios se sitúa en el 60% de los casos atendidos.
La Abogacía y los trabajadores sociales proponen que los casos que se remitan a las OIH se canalicen a través del sistema público de Servicios Sociales, aunque si un Ayuntamiento no quisiera prestar los suyos el Consejo General del Trabajo Social ofrece sus 37 colegios distribuidos por todo el país.
Entre las ventajas del sistema figura su reducido coste -120 euros si no hay acuerdo, 240 si lo hay y 300 si hay acompañamiento al notario, cantidades a las que en todos los casos habría que añadir otros 250 euros si el trabajo social no lo presta el Ayuntamiento-, frente a los gastos -hasta 7.500 euros- que ocasiona la interposición de una demanda de ejecución hipotecaria.
La herramienta clave de la intermediación es el informe social que realizan los Servicios Sociales y que determina el sentido de la actuación jurídica, ya que recoge de forma detallada todos los datos y documentos personales, económicos, sociales y de la vivienda necesarios para actuar.
Mientras tanto, los abogados se encargan de la intermediación entre el deudor y la entidad financiera y acompañan y asesoran a las familias en todos los aspectos legales y jurídicos necesarios con el fin de encontrar una solución satisfactoria para ambas partes.
Podrán acceder a la intermediación quienes hayan puesto su vivienda como garantía de algún crédito y cuyos bienes patrimoniales “tengan un valor insuficiente, sean difícilmente realizables en el mercado o sean necesarios para el mantenimiento de la actividad profesional” o carezcan de ingresos suficientes para hacer frente a las obligaciones del préstamo.
El CGAE, que afirma que el problema de los desahucios se ha convertido en una “lacra social” dice “ninguno de los colectivos que puede aportar algún tipo de solución para acabar con este drama debería quedarse de brazos cruzados y dejar toda la responsabilidad en los gobernantes”.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en España, el Consejo de Consumidores y Usuarios, CCOO, UGT, CSi-F, USO y STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia).