Medio Ambiente se queda sin fondos para pagar todas sus obras en 2013

La Dirección General del Agua avisa de posibles rescisiones de contratos En los Presupuestos no se autorizaron créditos suficientes para atender los pagos de 2013

La directora general del Agua, Liana Ardiles, en la firma de su cargo el año pasado ante el ministro Arias Cañete.

El Ministerio de Medio Ambiente, uno de los motores de inversión pública de este país junto al de Fomento, está comunicando a distintas constructoras que los fondos no dan para más. Tras reducir a mínimos la licitación de nuevos proyectos, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete ha trasladado a sus contratistas que habrá tensiones en el pago de las obras en curso. Y lo ha hecho a través de una carta, firmada por la Directora General del Agua, Liana Ardiles, en la que se reconoce que, con cargo a los Presupuestos de 2013, no se autorizaron “créditos suficientes para el cumplimiento de las obligaciones” relacionadas con distintos contratos, muchos de ellos adjudicados hace unos meses.

El ministerio arrancó 2013 rozando los 9.500 millones de presupuesto (un 9,7% menos que en 2012), cifra de la que más del 80% se reparte entre Agricultura, Pesca y Alimentación. Por su parte, un 18% se va a lo que en el ministerio denominan política de infraestructuras, donde los recursos son de 1.745 millones este año frente a los 1.971 millones de 2012 (un 11,5% menos).

El ministro Arias Cañete ha reconocido en todo momento que las cuentas estaban inspiradas por un principio de austeridad cuyo objetivo es la reducción del déficit público. En la carta remitida a los constructores se incide en la necesidad de controlar la deuda pública a través de diferentes medidas que se darán a conocer próximamente a las empresas afectadas. La directora general Ardiles se refiere al artículo 47 bis de la Ley 47/2003 para adelantar que pueden decidirse reprogramaciones de obra, con la consiguiente prolongación de los plazos de ejecución, e incluso la resolución de contratos. Desde Medio Ambiente se declinó ayer hacer comentarios sobre estas medidas.

Presión

El sector de la construcción lleva meses metiendo presión para que se mantenga un nivel mínimo de inversión. Así se garantizarían obras, al tiempo que no quedaría abandonado el Plan de Calidad de las Aguas, hoja de ruta del Gobierno en materia de saneamiento y depuración de aguas que debía poner en juego 19.000 millones de inversión entre 2007 y 2015, en un marco de colaboración entre el Gobierno (6.200 millones) y las Comunidades Autónomas. Ante el bajo grado de cumplimiento del Plan, asociaciones empresariales están demandando un replanteamiento del mismo priorizando actuaciones e inyectando realismo a las inversiones.

Los problemas reconocidos para atender las anualidades llegan después de que el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, reconociera fuertes retrasos en el pago de obra ferroviaria encargada por el Adif. En este caso los retrasos vienen desde el mes de octubre y sumaban unos 800 millones de euros. La ministra, Ana Pastor, se reunió días atrás con las distintas patronales de la construcción con el fin de buscar una solución al problema. Entre las empresas se asegura que han empezado a cubrirse certificaciones de octubre, noviembre y diciembre. Pero la polémica por estos atrasos en los recla única que afectaba a las empresas que construyen el AVE, también se están dando restricciones en las anualidades de obras, lo que motivará la previsible adaptación de las mismas al ritmo de cobro.

Un crédito de 700 millones del BEI, bajo revisión

Entre las empresas que contratan obras con el Ministerio de Medio Ambiente es un secreto a voces que este departamento del Gobierno busca apoyo en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para lanzar nuevos proyectos de infraestructuras, especialmente en el terreno de la distribución y saneamiento de agua.

El Ministerio que lidera Miguel Arias Cañete tiene registradas actuaciones ante el BEI por 1.400 millones de euros en esos campos y en la gestión de residuos sólidos.

De esa cifra, el Gobierno español ha demandado ayuda al banco público europeo por 700 millones de euros, petición que se mantiene bajo examen por parte del consejo del BEI desde finales de enero.

A estos créditos blandos solicitados en Europa podrían sumarse las aportaciones de empresas privadas bajo el modelo de concesión de infraestructuras en próximas licitaciones.

Las mismas fuentes aseguran que la reclamación de créditos, con intereses fuera de mercado, al banco público europeo ha creado fuerte debate en el Ministerio de Hacienda, donde se estudia cómo encajaría una operación de esta magnitudes con el objetivo de reducción de déficit.

El actual ministro, Miguel Arias Cañete, ya firmó en enero del año pasado créditos del BEI por 500 millones de euros para actuaciones de saneamiento y distribución de aguas en el área de la costa del Mediterráneo.