El espíritu de la primera mitad de la legislatura
Todos los Gobiernos tienen comportamientos bien diferenciados en la primera mitad de cada legislatura y en la segunda. Es habitual concentrar la mayoría de las iniciativas que más contestación pueden generar en los administrados en los primeros trimestres de la gestión, en los que se suele cosechar creciente desafecto de los ciudadanos, para concentrar los esfuerzos de la segunda mitad del cuatrienio en aquellas decisiones amables, aquellas que pueden recomponer la confianza de la gente y renovar el respaldo electoral. Todo esto siempre en condiciones normales. Dado que las de España no son precisamente normales, acosado como está el país por una crisis económica tan corrosiva como glamurosos fueron primero los largos años de vino y rosas, todos los ejercicios de la legislatura deberían ser de reformas para recuperar la economía y no convertir al país en fallido.
El presidente Rajoy ha admitido varias veces en los últimos meses que no ha hecho lo que prometió a los ciudadanos, pero sí lo que tenía que hacer (“he cumplido con mi deber”, ha comentado para ser exactos) para sacar a España del borde del abismo por el que caminaba. Esa debería ser la filosofía a mantener hasta final de la legislatura, aunque el comportamiento del electorado resuelva después que el crédito del líder conservador ha llegado a su fin. Seguramente ni con cuatro años de sacrificios estará la solvencia y el futuro asegurado, y ha llegado la hora de medir a los políticos con la vara del rigor y el compromiso y no con la de la frivolidad de los proyectos no concluidos.
El Gobierno insistió ayer en que las malas previsiones que el Fondo Monetario Internacional hace para España no se cumplirán porque el activismo reformista y de rigor del Ejecutivo lo impedirá. Da con ello a entender que abandona la línea de complacencia en la que parecía haberse entrado desde que a fin de año pasado hizo correr el mensaje de que “España está financieramente salvada”, y que recupera los conocidos viernes de dolores, en los que el Consejo de Ministros inyecta dosis de solvencia en las cuentas públicas, líneas de flexibilidad en los mercados de bienes y servicios y certeza de que se cree firmemente en la política que se predica. Si la nueva oleada de reformas coincide en el calendario con la primera mitad de la legislatura, tanto mejor. Pero, aunque esté en la mente de los estrategas electorales del Partido Popular esta manera de proceder, España tiene urgencias más apremiantes que los cálculos electorales. Estamos esperando que se pongan negro sobre blanco las cacareadas y manoseadas reformas de la Administración para reducir mucho más el gasto público estructural, la reforma eléctrica para que cada cual pague lo que cuesta la energía y las compañías ajusten sus cuentas, la fiscalidad para estimular la actividad económica y las pensiones para no temer por su futuro.