Tribuna

Morosidad, por el mismo rasero

La expresión por el mismo rasero suele venir encabezada por verbos como juzgar, medir o cortar. En la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) no somos quiénes para juzgar, pero sí para hacer un análisis con el que medir las diferentes situaciones existentes respecto a los impagos a proveedores y, sobre todo, para pedir cortar la cadena de agravios comparativos, con el objetivo de que, definitivamente, haya un mismo rasero para todos.

Estas tres locuciones verbales deberían cumplirse de principio a fin en lo referente a morosidad en nuestro país, porque esta supone una lacra. En España calculamos que de las 500.000 empresas (200.000 pymes y 300.000 autónomos) que han cerrado desde que se inició la crisis, al menos un tercio lo han hecho debido a la morosidad. De acuerdo a nuestro último informe relativo a 2012, los días reales que se tardaba en pagar durante ese año en España fueron de 141 en la Administración pública y 93 en el sector privado. En este 2013 los plazos legales están fijados en 30 y 60 días, respectivamente.

"Distribuidores y contratistas gozan de un trato de favor ante la ley que les permite pagar a sus proveedores en más de 250 días"

Juzgar, medir o cortar por el mismo rasero tendría que ser una máxima. Por ejemplo, si una empresa se retrasa en el pago de sus impuestos tiene que pagar directamente un 20% en concepto de recargo, por lo que aplicando un principio de reciprocidad, las Administraciones públicas deberían pagar de oficio los intereses de demora a los que les obliga la ley cuando sobrepasan los plazos legales de pago a sus proveedores. Pero no es así. Según nuestras estimaciones, realizadas a partir de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el importe de los intereses de demora se sitúa en 1.336 millones de euros. De este total, las Administraciones públicas que acaparan un mayor porcentaje de deuda son las comunidades autónomas, con 742 millones de euros, seguida de la Administración local, con 435 millones de euros, y el Estado, con 189 millones de euros.

En materia de morosidad, la acción de tratar o considerar a todos siguiendo los mismos criterios sin hacer diferencias entre ellos no se cumple en la actualidad, como tampoco la pretensión de que todos seamos iguales ante la ley. Algunos colectivos, como los distribuidores y contratistas, gozan de un trato de favor ante la ley que les permite pagar a sus proveedores en plazos que superan los 250 días. La solución a este fraude de ley pasaría por derogar los artículos 17 de la Ley del Comercio Minorista y 228 de Contratación Pública. Sin duda, estos son algunos de los aspectos que faltan en el Real Decreto-Ley 4/2013 del pasado 22 de febrero y que permitirían fortalecer aún más la normativa, evitar su manipulación y lograr que impere el espíritu que sus reformas quieren conseguir.

También existe un rasero diferente para las empresas dependiendo de su facturación. No tienen que adelantar el IVA de facturas no cobradas las pymes y autónomos con un volumen de negocio de menos de 2 millones de euros al año. En este caso, entendemos desde la PMcM que, como mínimo, debería al menos acotarse el calendario de aplicación para los que superan este rango.

A grandes rasgos, el espíritu de la reforma del Gobierno es cada vez más claro y apunta en el buen camino, pero creemos que quedan algunos resquicios legales que sería conveniente resolver para asegurar que las modificaciones recientemente aprobadas obtengan los resultados previstos y sean un instrumento eficaz para reducir los plazos de pago en España.

Para acabar con el problema de la morosidad, desde la PMcM proponemos, entre otras iniciativas, crear un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador; que el deudor sea el que pague el IVA de las facturas no cobradas, y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.

Si todos, sin excepción ni raseros, cumplimos el objetivo fundamental de pagar en plazos legales, estaremos entonces ayudando a equiparar la competitividad de nuestras pymes y autónomos con la del resto de nuestros vecinos europeos. Con ello podríamos empezar a ser un país del siglo XXI en morosidad y, por ende, en otras muchas cuestiones.

Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

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