Operación Caballo de Troya

La policía cree que la trama Gürtel utilizó a Ángel de Cabo

Ángel de Cabo fue detenido en diciembre junto con Gerardo Díaz Ferrán

El empresario adquirió entre 2009 y 2011 Teconsa, Marsans y Nueva Rumasa

El Grupo de Blanqueo de Capitales de Udyco-Coruña y el de Vigo enviaron el pasado 31 de enero una propuesta de actuación al magistrado del juzgado de instrucción número dos de A Coruña consistente en la detención de una serie de personas investigadas por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, en el marco de la Operación Caballo de Troya. Las personas cuya detención se propuso eran prácticamente las mismas que fueron detenidas en diciembre de 2012 en la Operación Crucero, que llevó al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz-Ferrán (no investigado en la Operación Caballo de Troya), y al empresario Ángel de Cabo a la cárcel (donde permanecen desde entonces).

La policía explica en su informe, al que ha accedido este diario, que este grupo de personas (el equipo de Ángel de Cabo) "perfectamente organizado" se dedicaba a la compra de empresas con problemas económicos tras lo cual solicitaban concurso de acreedores "existiendo numerosos indicios que permiten afirmar que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptan decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos".

Ángel de Cabo se hizo entre 2009 y 2011 con Teconsa, Marsans y Nueva Rumasa. Prácticamente al mismo tiempo que las compraba, las empresas se declaraban en concurso. Si la Operación Crucero está aparentemente vinculada a la adquisición de Marsans, la Operación Caballo de Troya lo está con la supuesta compra de las empresas controladas por la familia Martínez Núñez, entre ellas la constructora Teconsa.

La policía considera que Ángel de Cabo "y su entorno son meros testaferros encargados de gestionar oficialmente el capital, propiedades y empresas del Grupo Martínez Núñez".

En su escrito al juez la policía se refiere a un informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales del Servicio de Vigilancia Aduanera de octubre de 2012, en el que se pone de manifiesto "las relaciones de hecho y de derecho entre la sociedad Gallega de Molienda de Clinker y Ángel de Cabo Sanz".

Gallega de Molienda de Clinker forma parte del grupo Teconsa. Fue constituida en 2003 y entre 2004 y 2007 acordó ampliaciones de capital a través de las cuales otra sociedad, Promociones Inmobiliarias Pacrard, suscribió participaciones por 21 millones de euros "convirtiéndose en socio único de la empresa".

Promociones Inmobiliarias Pacrard fue constituida por José Ramón Blanco Balín. La policía, en su informe al juez de A Coruña, recuerda que Blanco Balín es "uno de los presuntos autores intelectuales de la trama Gürtel por lo que se puede inferir que, la financiación hasta el año 2007 de la Gallega Molienda de Clinker procedería, presuntamente, a través de este entramado societario de la mencionada trama ilícita del caso Gürtel".

La policía explica que en realidad sería Teconsa "la que estaría controlando indirectamente Gallega de Molienda de Clinker desde 2004 a través de Promociones Inmobiliarias Pacrard financiando presuntamente los desembolsos necesarios para la instalación y desarrollo de una planta cementera mediante fondos ilícitos de la trama Gürtel".

Al salir a la luz en 2009 datos relacionados con Gürtel, señala en su informe la policía, "se toma la decisión de desviar en la medida de los posible las relaciones entre Gallega de Molienda de Clinker y Teconsa" y "se prepara la enrtada en la sociedad del entorno de Ángel de Cabo Sanz".

Con estos pasos, explica la policía, "se pretendería conseguir dos objetivos". Uno que el dinero "presuntamente generado a través de la trama Gürtel y que habría sido introducido en Gallega de Molienda de Clinker se desviase indirectamente a otras sociedades del Grupo Martinez Núñez". Asímismo "se pretendería salvaguardar las inversiones realizadas por Teconsa en Gallega de Molienda de Clinker ante la posible apertura de procedimiento concursal de la primera".

"En definitiva", dice la policía, "la finalidad de todas estas maniobras de la familia Martínez Núñez era evitar que Gallega de Molienda de Clinker formase parte del activo de Teconsa y pudiese estar controlada por sus administradores concursales y que finalmente se utilizase para pagar a sus acreedores".

Mismo abogado

Ignacio Peláez está representando a Ángel de Cabo desde que este fuera detenido en diciembre en el marco de la Operación Crucero.

El exfiscal de la Audiencia Nacional, autor de la querella contra el juez Baltasar Garzón ante el Tribunal Supremo por las escuchas en la cárcel que decretó el magistrado entre los jefes de la red Gürtel y sus letrados, ha defendido también al empresario José Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar, también presuntamente implicado en la presunta trama.

Además ha sido contratado por los hijos de José María Ruiz-Mateos, que traspasaron Nueva Rumasa a De Cabo.

Los papeles de la ‘Operación Caballo de Troya’

En marzo de 2012 la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) dio cuenta al juzgado de instrucción número dos de Santiago de Compostela de las investigaciones que está realizando sobre Ángel de Cabo y su entorno.

La policía explica que ha "tenido conocimiento de un grupo de personas dedicado de forma estable desde hace años a la compra de empresas con importantes problemas económicos sin realizar desembolso o contraprestación alguna" y que acuerdan con los antiguos propietarios tras concursar las empresas descapitalizarlas y evitar que los activos lleguen a manos de los acreedores. Se ponía así en marcha la conocida como Operación Caballo de Troya, a cuyo sumario ha tenido acceso CincoDías.

El pasado mes de febrero eran detenidas en el marco de esta operación 15 personas, la mayoría relacionadas con De Cabo, bloqueándose 400 inmuebles y 80 vehículos. En diciembre el empresario valenciano fue detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en el transcurso de otra investigación, la Operación Crucero, junto con algunos de sus colaboradores y el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán (ambos permanecen desde entonces en prisión).

 El magistrado impuso a Ángel de Cabo la mayor fianza de la historia judicial española, 50 millones de euros. A Díaz Ferrán se le impuso otra de 30 millones. Las fianzas de De Cabo y Díaz Ferrán han sido reducidas a 15 y 10 millones.

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