Estímulos sí, pero reformas también
Hace ahora un año las autoridades comunitarias apremiaban a Mariano Rajoy para que presentase las cuentas públicas de 2012, prorrogadas como estaban por la contienda electoral. El presidente español, con indisimulado cálculo político, pretendía retrasar los recortes inevitables del gasto para culminar, con una victoria electoral en Andalucía, la ocupación del poder en todo el territorio nacional. Y Bruselas exigía los números para evitar la preocupación que los mercados financieros mostraban sobre el estado real de la economía española y las soluciones que el nuevo Gobierno emprendería. Un año después, es la Comisión Europea la que retarda injustificadamente los insinuados cambios en los calendarios de consolidación fiscal de España (y de otros países), retrasando la toma de nuevas decisiones y relajando el celo reformador del Gobierno, por mucho que ponga el acento en los defectos que la política española tiene en materia de cambios regulatorios.
Además, varios Gobiernos europeos, y el español más que ningún otro, han vuelto a concentrar sus demandas en lo que consideran imprescindibles avances europeos para salir de la crisis. Resignado a la lentitud en la recuperación, sobre todo por la parsimonia que impone el desapalancamiento vegetativo de hogares y empresas a la vuelta del crédito, el Ejecutivo exige más dinamismo en la aplicación de las herramientas fiscales y bancarias que faltan, y reclama, convertido ya a la heterodoxia imperante en el mundo, nuevos poderes para que el BCE movilice la financiación. La visita esta semana del secretario del Tesoro norteamericano, Jack Lew, portando el mensaje expansivo de la Reserva Federal, y la puesta en marcha de potentes instrumentos similares en Japón, han desatado esta vieja reivindicación en políticos europeos, entre ellos Rajoy, por mucha militancia y fe que profesasen hasta ahora a las políticas de rigor fiscal como imprescindibles para superar la recesión.
España defenderá mañana en la reunión de Eurogrupo, en Dublín, que el BCE dé pasos al frente para no echar por tierra los esfuerzos que en materia de consolidación fiscal han hecho algunos países; exigirá políticas de estímulo fiscal o monetario que den credibilidad a los sacrificios de la población y que ayuden, con crecimiento, a digerir los amargos tragos que faltan. En todo caso, tenga la Unión la disposición que tenga a ayudar, el Gobierno de cada país, y el de España también, tienen que mantener la tensión en el control de las finanzas públicas y deben activar la agenda reformista, que en el caso español ha experimentado un notable parón. Cada cual tiene que hacer su trabajo, pero seis millones de parados no pueden seguir conformándose con previsiones catastrofistas sin la esperanza que pueden proporcionar las reformas y la confianza en que más rigor fiscal mejorará la financiación pública y el crédito privado.