Hace falta que la Administración pague mejor
Una de las iniciativas del Ministerio de Hacienda que ha dado más satisfacciones en lo que va de legislatura tanto a los afectados como al propio departamento ha sido el plan de pago a proveedores. El mecanismo, una importante operación financiera de casi 27.000 millones de euros para abonar facturas pendientes de la Administración con autónomos, pymes o grandes empresas, ayudó, según cálculos del Gobierno, a salvar al menos 150.000 empleos. Aunque este sea un dato difícil de precisar, lo que sí resulta seguro es que el plan sirvió de oxígeno para evitar la asfixia a muchas empresas.
Esa es una de las principales razones por las que hay que recibir con los brazos abiertos el nuevo plan de pago a proveedores que, ligado a la Ley de Morosidad, acaba de anunciar Cristóbal Montoro. Aunque carente de detalle, especialmente en lo que se refiere a su dotación, el plan está en esta ocasión ligado a la directiva europea de morosidad. Porque Bruselas le exige al Gobierno que cumpla lo fijado en la directiva de plazos de pago, transpuesta desde el pasado 16 de abril, y que dicta que las Administraciones paguen en 30 días. Esta última es la gran novedad y la mayor dosis de incredulidad que contiene el nuevo plan de Montoro. Sin embargo, en caso de que las Administraciones no cumplan ese plazo podrán recibir sanciones de la UE.
El mecanismo que estudia el Ejecutivo es dedicar el margen que se le pueda sacar a Bruselas (si el déficit previsto pasa finalmente del 4,5% al 6% serían en torno a 15.000 millones) a integrarlo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2013, o a crear un mecanismo similar que obligue a las comunidades autónomas a destinar el dinero que reciban a pagar las deudas a sus proveedores.
Tanto la transposición de la directiva como la advertencia de Bruselas coinciden con las negociaciones para la relajación del objetivo de déficit para el ejercicio. Bruselas ha establecido como condición sine qua non para ablandar las exigencias de objetivo de déficit para 2013 que España cumpla esa directiva y que ponga el contador de la deuda comercial a cero. Unos pasos que marcarán también las nuevas previsiones macroeconómicas en las que trabaja el equipo de Economía y que apuntan, de momento, a una caída del PIB cercana al 1% para este año.
El plan es, en todo caso, un paso más en la buena dirección, siempre que además de cumplir con el objetivo de déficit se acelere el amplio programa de reformas aún pendientes. Y hace falta que se afronten con rapidez. No basta con las palabras de Mariano Rajoy, que ayer pronosticó que si se mantiene “el nivel de esfuerzo” la economía crecerá “con claridad” en 2014 y ese año se empezará a crear empleo y los españoles notarán “resultados tangibles de los sacrificios que han hecho”. Y esa deuda es, precisamente, la que tiene pendiente el Gobierno con los españoles.