Constructora Hispánica pesa en Essentium
Essentium aparece en el RAI con impagos por 6,5 millones El grupo adquirió Constructora Hispánica, hoy Assignia, en 2009 La compañía mantiene pleitos con García Pozuelo por aquella
Tres años y medio después, la operación de compra de Constructora Hispánica por parte del grupo Essentium sigue abierta en un juzgado. La compañía de la familia Monje ha depositado en un juzgado de Madrid cinco millones de euros que le quedan por pagar por la adquisición de la empresa de Alfonso García Pozuelo, acordada en octubre de 2009.
Ese depósito ha provocado, explican fuentes de Essentium, que la compañía aparezca en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI). De acuerdo a este registro el grupo de la familia Monje mantiene impagos por 6,5 millones de euros. Las mismas fuentes aseguran que la compañía presidida por Susana Monje ha demandado a los anteriores propietarios de Constructora Hispánica tras haber encontrado "vicios ocultos en las cuentas de la empresa".
Constructora Hispánica es una de las compañías implicadas en el caso Gürtel. En un auto dictado el mes pasado el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se refirió a un informe policial que establece vínculos entre el caso Gürtel y los papeles de Bárcenas; uno de esos vínculos son los pagos efectuados presuntamente por García Pozuelo a miembros de la red liderada presuntamente por Francisco Correa.
Essentium se hizo con Constructora Hispánica prácticamente al tiempo que saltó la relación de la compañía de García Pozuelo con la red de supuesta financiación ilegal del PP. La familia Monje reconvirtió Constructora Hispánica en lo que hoy es Assignia, especializada en obra civil e infraestructuras.
A pesar de que Assignia ha anunciado en los últimos meses varios contratos de obras y empresas conjuntas en el extranjero, la sociedad presidida por la tesorera del Barcelona FC, Susana Monje, registró en su último ejercicio auditado una caída de los ingresos del 22%.
La empresa, según las cuentas del ejercicio 2011, las últimas depositadas en el Registro Mercantil, ingresó ese año 161,2 millones de euros (206,9 millones en 2010) y registró un beneficio de 142.541,5 euros.
El 80% de los ingresos fue generado por la actividad de construcción de la empresa, y el 20% por prestación de servicios.
Assignia Infraestructuras mantenía al cierre de 2011 deudas a corto plazo con proveedores por 81,8 millones y con entidades de crédito por 26,4 millones. La deuda a largo plazo era de 41,5 millones con entidades financieras y de 11 millones con empresas del grupo. BDO, auditor de Assignia, no apunta salvedad alguna en su informe de auditoría de ese ejercicio.
En abril de 2010 Assignia y empresas participadas suscribieron un acuerdo de refinanciación de 119 millones estructurado en cinco tramos. De acuerdo a las cuentas de 2011 de la empresa, este año 2013 vencen 8,6 millones del primer tramo y otros 24,1 millones del segundo tramo.
La compañía asegura que a 31 de diciembre de 2011 se cumplían todas las obligaciones de los contratos de refinanciación. "Al cierre del ejercicio la sociedad muestra una importante solidez, cuenta con un fondo de maniobra positivo superior a los 53 millones de euros y unos fondos propios cercanos a los 50 millones", asegura Assignia Infraestructura en su informe de gestión correspondiente al ejercicio 2011.
Assignia empleaba al cierre de 2011 a 526 personas (frente a una plantilla de 733 empleados en 2010).
Expolíticos en el consejo de administración
En el consejo de administración de Assignia se sientan dos personas bien relacionadas con el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid. Se trata de Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad con Esperanza Aguirre, y Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno del PP en Ceuta y, con anterioridad, subdelegado del Gobierno de Palencia, con el primer Gobierno de José María Aznar, en 1996.
La empresa presidida por Susana Monje fichó a Lamela en 2010; la Cadena Ser informó ayer de que Assignia participa en la UTE que gestiona servicios del Hospital del Tajo, licitados y adjudicados durante la etapa en la que Manuel Lamela era consejero de Sanidad.
Desde ese puesto Lamela denunció en 2005 casos de sedaciones irregulares en enfermos terminales supuestamente sucedidos en un hospital público madrileño; la denuncia quedó archivada pero extendió un siniestro velo de desconfianza sobre la sanidad pública de Madrid.
Luis Vicente Moro afrontó en 2008 juicio en el que era acusado de haber autorizado expulsiones supuestamente ilegales de menores marroquíes a finales de los años noventa cuando era delegado del Gobierno en Ceuta. Moro, que, según fuentes cercanas a Assignia mantiene muy buena relación con el actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue absuelto.