Los créditos públicos para I+D+i caen a niveles previos a la crisis
Solo se ha ejecutado el 47% de los fondos presupuestados en 2012 El Ejecutivo bonificará los préstamos este año para tratar de acelerar su concesión
En el informe que realizó el pasado mes de octubre con motivo de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit) ya alertó sobre el escaso nivel de ejecución de los préstamos para I+D en 2012, que llegaba apenas al 8% del total en agosto. Los últimos datos de ejecución presupuestaria, hechos públicos la semana pasada, constataron esa tendencia.
Ese ejercicio, el Estado presupuestó 3.178 millones de euros en préstamos para los dos principales programas ligados a la I+D+i (fomento y coordinación de la investigación científica y técnica e investigación y desarrollo tecnológico-industrial), de los que se concedieron 1.502 millones. Esta cifra representa que tan solo se ha ejecutado el 47,2% de los presupuestado, el porcentaje más bajo de la serie histórica, que se inicia en 2003. Si se compara en términos absolutos, el importe de préstamos concedidos representa la mitad de lo registrado en 2010 y un nivel similar a lo alcanzado en 2008.
Los expertos señalan que han coincidido varios factores que explican la escasa ejecución de los presupuestos dedicados a I+D+i. Por un lado, los recortes presupuestarios que han sufrido los centros de investigación, lo que ha reducido sobremanera su margen para poder endeudarse y su aversión al riesgo financiero. Una tendencia que se vió acentuada por el hecho de que Hacienda, en virtud de lo establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se arrogaba la última palabra a la hora de conceder un préstamo bonificado.
Consciente de que la ejecución podía llegar a mínimos históricos, el Gobierno incluyó en los Presupuestos Generales para este año dos enmiendas para que las Administraciones y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el organismo público encargado de gestionar todas las ayudas a la I+D para las empresas, pudieran bonificar créditos sin la autorización previa de Hacienda. Una medida con la que esperan acelerar la concesión de esos préstamos.
Íñigo Segura, director general de Fedit, alerta sobre el impacto que estas bonificaciones pueden tener en unas cuentas públicas condicionadas por el recorte de gasto y la austeridad. “No se explican las posibles consecuencias que estos préstamos bonificados pueden tener en las reservas del capítulo 7 (subvenciones), ya que estas deberían servir para compensar las ventajas financieras sin agravar el déficit público”, subraya. En su opinión, si finalmente se otorgaran esos préstamos con tipos inferiores, podría verse reducido considerablemente el presupuesto para subvenciones en determinados programas competitivos.
Sin financiación por incumplir el déficit regional
La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que aúna a 30.000 investigadores, envió a finales del pasado mes de febrero una carta al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la que denunció la situación de parálisis que vivía el sistema de ciencia y tecnología en España y las consecuencias que ello puede tener en el cambio de modelo productivo. “Vivimos el día a día de nuestras investigaciones con zozobra y una total incertidumbre sin saber qué convocatorias se publicarán ni cuando ni en qué condiciones. Y con la duda de si, una vez resueltas y planificadas las actuaciones, el Ministerio de Hacienda paralizará o revocará el proceso, como está sucediendo ahora mismo en algunos casos”, continuaba la carta.
Con este último mensaje, la Cosce denunciaba la situación vivida por algunos investigadores a los que se les había revocado las ayudas ya concedidas. “Investigadores y centros de investigación, por ejemplo el INIA, están recibiendo comunicaciones de revocación de proyectos ya concedidos. ¿Por qué? Porque Haciendo no ha emitido el preceptivo informe favorable debido a que están ubicados en una comunidad autónoma que incumple el déficit”, remarcaba la misiva. Una situación que los científicos hacen extensible a los proyectos de investigación de excavaciones arqueológicas y paleontológicas concedidos por el Ministerio de Cultura.
La carta, sin embargo, centraba sus críticas en el nuevo sistema de financiación de los proyectos de investigación básica. Mientras que la duración era de tres años, los fondos se repartían en cuatro, con una cantidad testimonial en el primer ejercicio, haciendo imposible, a su juicio, la ejecución los proyectos “por cuestiones de límites de disponibilidad presupuestaria emanados de Hacienda”.