Radiografía de las agresiones a los médicos

El pasado año se dieron 416 ataques a facultativos y en 24 casos fueron considerados como atentado

Hace menos de cuatro años, la doctora María Eugenia Moreno caía asesinada en su consulta de atención primaria de Moratalla (Murcia), víctima de un disparo de un paciente jubilado. Ese suceso levantó a la profesión, que organizó un Observatorio sobre Agresiones, con la idea de concienciar a la sociedad de ese problema. Los datos recogidos y presentados ayer por esta institución, en el día contra las agresiones en el ámbito sanitario, señalan que la lacra sigue arraigada. El pasado año, los facultativos sufrieron 416 agresiones, 1.363 desde 2010 (cuando se empezaron a contabilizar estos hechos).

La agresiones se producen principalmente en el escenario de la atención primaria (en el 68% de los casos), bien en la consulta o en las urgencias extrahospitalarias. Hay que pensar en un centro público (en un 89%) más que en uno privado. “Entendemos que la presión, en parte por la situación económica, es más acusada en la pública que en la privada, donde es más probable que se produzca un fallo en la expectativa del paciente”, apunta Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC).

El contexto económico, sin embargo, no es tan relevante como pudiera pensarse. En 2012, esas 416 agresiones supusieron un descenso del 16% respecto al año anterior. La OMC relaciona esta caída con una mayor concienciación de la sociedad y las propias medidas preventivas que toman los médicos.

Las doctoras sufren más estos ataques (un 55%), que pueden incluir no solo agresiones físicas, sino amenazas, coacciones, maltrato, injurias y vejaciones. Incluso llevan a que en casi uno de cada cinco se produzcan lesiones.

Un manifiesto para Gallardón

Los representantes de la comunidad médica entregaron ayer un manifiesto a Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, por las agresiones que padecen. Además, la OMC quiso recordarle que el ministerio público debería considerar los actos contra los profesionales como un atentado contra la autoridad, que conlleva pena como delito. De momento, solo Andalucía y Cataluña han sumado un acuerdo con la OMC y con la fiscalía.

En el manifiesto se asegura que el 25% de los incidentes de violencia en el ámbito laboral se producen en el entorno sanitario. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, recuerda que también hay que incluir a la enfermería e incluso a otro personal, que sufren las iras de algunos usuarios.

“La irrupción de la violencia en el escenario sanitario”, se dice en el manifiesto, también “afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad del bienestar”. Además, se reconoce la gran complejidad de causas que provocan la violencia, “como la extensión de una mentalidad individualista”, unas “falsas expectativas que en la sociedad se van generando en torno a los sistemas sanitarios y la condescendencia de los poderes públicos ante su uso abusivo, unido a una situación actual de crisis económica que genera incertidumbre”.

Por eso se pide que, ante los ataques, “tolerancia cero”. Y se solicita a las Administraciones tomar las medidas preventivas necesarias “y avanzar en el diseño de procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes”.

El perfil del agresor no solo señala al paciente. También a sus familiares (en un 29%) en situaciones de ansiedad porque no encuentran la respuesta que ellos quieren para el tratamiento de su ser querido. En igual número, los agresores son pacientes sin cita que quieren ser atendidos. La mayoría no tienen antecedentes de otras agresiones, pero un 10% sí que los tienen, a los que se suman un 10% de toxicómanos y un 17% padecen problemas psiquiátricos.

Aunque sean irracionales e injustificables, las causas que provocan la reacción ante el médico suelen ser por discrepancias en la atención (27%), por el tiempo de espera (14%), por no recetar el fármaco deseado (12%) o incluso en un 5% en casos relacionados con bajas laborales.

“Debemos mejorar las habilidades, por ejemplo de comunicación, ante pacientes y familiares angustiados o con ansiedad. Si el médico no tiene la habilidad o no se le permite el diálogo, va a tener un conflicto seguro”, reflexiona Serafín Romero, secretario general de la OMC. Un dato al que llega porque un 19% de los profesionales agredidos en 2012 ya habían sufrido una acción violenta previamente.

La mayoría de los profesionales (68%) están concienciados y denuncian los hechos. Y la justicia lleva casi la mitad hasta una vista pública. Por primera vez, este año se ha conocido qué ocurre cuando la consecuencia de esta violencia llega al juzgado. De 83 sentencias dictadas en 2012, en 24 ocasiones los jueces las consideraron un delito de atentado contra la autoridad pública, de lesiones en cuatro sentencias y de amenazas en una.

Una cifra con la que los colegios médicos no se muestran muy satisfechos, ya que el resto se han considerado simplemente como faltas, por desorden público, maltrato o vejaciones. La OMC recuerda que la Fiscalía General del Estado envió una comunicación a los fiscales indicándoles que estos actos punibles deberían considerarse como atentado por la condición de funcionario público del agredido.