Un nuevo parche con las preferentes
Cuando hace unas pocas semanas Gobierno y oposición llegaron a un acuerdo para intentar avanzar en la solución del caso de las preferentes, a más de uno nos pareció que más que dar un paso al frente lo que se estaba haciendo era colocar un nuevo parche en este polémico affaire. Un parche que en poco o nada parece ayudar a los miles de afectados que siguen sin recuperar su dinero y que continúan esperando una solución que se antoja aún bastante lejana.
El último de esos parches se basa en la creación de una comisión supervisora para el arbitraje ya existente, dirigida por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, y compuesta por el Banco de España, la Dirección General del Tesoro, el Ministerio de Sanidad y Consumo, las consejerías autonómicas que ya hayan participado en arbitrajes anteriores y el Consejo de Consumidores y Usuarios. La pregunta es: ¿será eficaz esta comisión? ¿O, por el contrario, solo servirá para confirmar la veracidad de aquella célebre frase de Napoleón: “Si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comité”?
Antes de proseguir convendría ahondar un poco en la definición de las participaciones preferentes para poder entender tanto este último acuerdo como todo el caso.
Gobierno y oposición solo ponen parches al caso de las preferentes que no ayudarán a los afectados
Las participaciones preferentes son valores de renta fija que lanzan las entidades de crédito y cuya principal característica es el elevado riesgo que conllevan para sus titulares, ya que su rentabilidad (y su liquidez) no están garantizadas.
Las preferentes son valores que no confieren participación en el capital de las entidades que las comercializan ni derecho de voto; característica que las diferencian de los valores de renta fija o variable tradicionales que conocemos. Además, su remuneración no solo está vinculada al euríbor (o a otro tipo de valor referente) a partir del segundo año más un determinado diferencial, sino que también está condicionada a que la entidad emisora obtenga beneficios suficientes.
El abuso de poder en el proceso es palmario, pero muy complejo de probar y, por tanto, de resolver
Hasta 2003, cuando fue regulada su emisión en España, las participaciones preferentes eran emitidas solo por filiales radicadas en el extranjero (fundamentalmente offshore).
El objetivo de la comisión supervisora es determinar qué requisitos han de tener los titulares de preferentes para poder acogerse al arbitraje. Además de llevar un seguimiento de los casos y vigilar el proceso de arbitraje. También tendrá potestad para proponer al Gobierno mejoras a la hora de la transparencia en la comercialización de este tipo de productos.
Pero la comisión y el arbitraje solo recogen a aquellos afectados por las preferentes de los bancos que hayan sido rescatados por el Estado, es decir, Catalunya Banc, Novagalicia y Bankia. De esta manera, quedan fuera miles de afectados, los cuales están representados en su mayoría por la asociación Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), desde donde reclaman que las soluciones sean globales. Lo que genera, si cabe, un agravio comparativo aún mayor.
Este acuerdo no cambia mucho la situación en la que se encuentran los afectados, ya que solo podrán acogerse al arbitraje aquellas personas que puedan demostrar un daño flagrante por parte de la entidad bancaria, como, por ejemplo, ancianos prácticamente analfabetos, quienes lograrían judicialmente el 100% de sus ahorros, y por lo tanto no tendría que recurrir al arbitraje, ya que podrían demostrar fácilmente que han sido engañados con premeditación.
La letra pequeña de las arriesgadas preferentes ha costado los ahorros de toda una vida de muchas personas que apostaron por este producto bancario. La moraleja sería: “No firmes nada sin leer antes hasta la letra pequeña, y si sigues sin entenderlo, no lo firmes”. El abuso de poder en el caso es palmario, pero realmente muy complejo de probar, y por tanto, de resolver. Los afectados no confían en la comisión creada, ya que está compuesta por las mismas instituciones que no pusieron límites a las entidades comercializadoras, y además con el trato desigual comentado entre usuarios de unas entidades (nacionalizadas) y otras.
La pregunta es: ¿van a solucionar ahora las instituciones lo que no frenaron antaño? La desconfianza es lógica: cómo confiar ahora en aquellos que hicieron la vista gorda a las prácticas de las entidades comercializadoras, y que ahora pretenden parchear sus errores con soluciones poco prácticas y nada esperanzadoras para los afectados. Es como pedir a la zorra que vigile el corral de las gallinas y a las gallinas que confíen en la zorra.
Félix Aguado es presidente de Augeo Consulting Group.