Industria negocia con los sindicatos y patronal el nuevo plan del carbón

Las mineras de Victorino Alonso piden preconcurso de acreedores

Han solicitado la medida en un juzgado mercantil de Madrid

El Gobierno denegó las ayudas a las dos mineras del empresario leonés

Las eléctricas han impugnado la compra de carbón nacional

Victorino Alonso, presidente de Uminsa y CMC.
Victorino Alonso, presidente de Uminsa y CMC.

Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC) han comunicado a un juzgado mercantil de Madrid el “inicio de negociaciones con sus acreedores para lograr un acuerdo de refinanciación de sus deudas”. El grupo explica en una nota de prensa que no le ha quedado más remedio que recurrir al preconcurso ante la imposibilidad de hacer frente a los compromisos de refinanciación de su deuda después de que el Gobierno le haya denegado la ayudas del plan del carbón que le correspondían en 2012. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha alegado que estas empresas (y otras tres privadas) no están al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social, lo que supone un incumplimiento de la Ley de Subvenciones. La primera debía haber recibido 29,3 millones y la segunda 19,8 millones.

Alonso también justifica su decisión por la drástica reducción de su producción, después de que las eléctricas hayan impugnado la resolución que establecía las condiciones para la compra obligatoria de carbón nacional en 2013 por considerar que el precio no cubre los costes. “La conjunción de estas contingencias” impide “de facto” a Uminsa y CMC suministrar su producción y facturar por ello, indicaba la nota de prensa.

Precisamente, ambas empresas fueron acusadas recientemente por Hunosa de la desaparición de más de medio millón de toneladas de carbón propiedad del Estado, que estaban custodiadas desde 2009 en instalaciones de las mineras del empresario leonés. Hunosa anunció recientemente que se querellaría contra Alonso por apropiación indebida o estafa.

El anuncio del preconcurso se produjo coincidiendo con el inicio de la reunión en el Ministerio de Industria entre el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, con los representantes de los sindicatos mineros y los de la patronal Carbunión para tratar sobre el plan del carbón hasta 2018, que continuaba aún al cierre de esta edición. De hecho muchos ha atribuido la decisión de Victorino Alonso a una maniobra de presión para recuperar las ayudas retiradas.

En el orden del día de la reunión no figuraba el resto de cuestiones conflictivas, como la citada denegación de las ayudas a las mineras privadas, no así a Hunosa, (además de las del grupo Alonso, se han quedado sin las ayudas del Plan del Carbón Hullera Vasco Leonesa, Carbones del Puerto y San Isidro y María) ni la decisión de las compañías eléctricas de no adquirir nuevo combustible. Casi todas las empresas mineras mantienen en estos momentos EREs temporales.

Uminsa y CMC, que son las dos mayores empresas del sector, afirma en su nota de prensa que “a nadie le cabrá duda de que después de cinco meses de inactividad en el año 2012, sin haber cobrado las ayudas aprobadas para ese año y transcurridos más de dos meses de 2013 sin que se hayan iniciado los suministros” estas empresas tengan alguna otra alternativa que la suspensión de pagos. Con todo, el grupo del empresario leonés asegura que sigue apostando por el futuro del sector del carbón nacional.

 

Una reunión con un solo punto

Aunque los representantes sindicales de la minería del carbón salieron muy satisfechos de la primera reunión que mantuvieron el 5 de febrero con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que, según declararon tras el encuentro, se mostró abierto a una negociación, lo ocurrido desde entonces no confirma la versión de la posición negociadora de Nadal. “Más bien los dejó hablar”, señalan fuentes conocedoras.

El secretario prometió un calendario de negociaciones, con una primera fecha para una reunión, el 7 de marzo. Sin embargo, el día 5, con solo 48 horas de antelación, el ministerio remitió a los convocados (FIAT-UGT y CC OO y la patronal Carbunión) el orden del día del encuentro, en el que solo figuraban un punto: el análisis de la propuesta del nuevo marco para el sector del carbón entre 2013 y 1018. La convocatoria supuso un jarro de agua fría para sindicatos y empresarios, que esperaban tratar también sobre la decisión del Gobierno de bloquear las ayudas de 111 millones de euros comprometidas el año pasado a las mineras de Grupo Alonso, Hullera Vasco Leonesa y dos mineras pequeñas, así como el hecho de repercutir las que sí ha liberado (a la pública Hunosa y el grupo que recibe menos de 12 millones de euros) en los Presupuestos del Estado de este año y no del año pasado.

La intención de los asistentes a la reunión, que se podría prolongar  hasta bien entrada la noche, era la de reclamar esas ayudas y las de este año, ampliando los Presupuestos de este año; que las eléctricas compren carbón y se puedan levantar los EREs.

Según declaraba hace unos días Víctor Fernández, de FIAT-UGT, todo ello es imposible “si el Gobierno no cambia de actitud”.

Las eléctricas impugnan las condiciones para la compra de carbón

Algunas compañías eléctricas han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ministerio de Industria en la que se establecen las condiciones (volúmenes y precios) para comprar carbón nacional este año. Una obligación que las empresas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Eon) tienen desde 2010 a través del mecanismo de restricciones por garantía de suministro.

De esta impugnación dieron cuenta las propias mineras de Grupo Alonso que han solicitado preconcurso de acreedores, si bien, las compañías eléctricas han eludido hacer comentario alguno. La resolución aprobada en febrero tenía vigencia desde el 1 de enero y, aunque las empresas la están cumpliendo, al producir en sus centrales térmicas con carbón nacional, no están comprando mineral nuevo, sino que están generando con el stock que tenían almacenado desde el año pasado.

Las eléctricas argumentan en su recurso que el precio que Industria establece no tiene en cuenta los nuevos impuestos que se aplican desde principios de año (en este caso, el 7% a todo tipo de generación y el céntimo verde al carbón), con lo que les obligan a producir a pérdidas. Además, al no poder repercutir dichos impuestos en el mercado se está pervirtiendo el fundamento de la citada ley de medidas fiscales a la energía (15/2012), cuyo objetivo es desincentivar el consumo de tecnologías contaminantes.

La intención de algunas es solicitar medidas cautelares, pero en esta solicitud no hay consenso, pues algunas prefieren que no se paralice el sector de la minería.

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