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Está previsto que el trámite parlamentario en el Senado estadounidense se demore

El convenio fiscal entre España y EE UU no entrará en vigor hasta 2014

El pacto se firmó el pasado mes de enero pero su aplicación tendrá que esperar El retraso supone un jarro de agua fría para las empresas

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el embajador de EEUU en España, Alan D. Solomont, tras firmar en enero el convenio para evitar la doble imposición.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el embajador de EEUU en España, Alan D. Solomont, tras firmar en enero el convenio para evitar la doble imposición.EFE

Se trata, probablemente, del convenio fiscal más importante que ha firmado España en los últimos años y, también, el que ha conllevado una negociación más larga. Tras más de dos años de reuniones, España y Estados Unidos firmaron en enero en nuevo convenio de doble imposición. Sin embargo, el texto ahora deberá ser ratificado por los Parlamentos nacionales de ambos países.

En el caso español, se trata de un mero trámite que no está previsto que se alargue más allá del verano, por el contrario, en Estados Unidos, existe un mayor debate en torno a los pactos tributarios con países extranjeros y todo apunta que no se aprobará antes de un año.

Esta situación supone un jarro de agua fría para las empresas de ambos lados del Atlántico que confiaban en poder aplicar cuanto antes un nuevo acuerdo que reduce la fiscalidad de las inversiones de empresas españolas en Estados Unidos y viceversa.

De hecho, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España invitó a las compañías españolas a seguir presionando en el Senado estadounidense para que el nuevo convenio vea la luz lo antes posible. Este organismo y su presidente, Jaime Malet, han ejercido de lobby para que ambas Administraciones llegaran a un acuerdo tributario cuanto antes.

El convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos todavía vigente no facilita los negocios. Ello provoca lo que los expertos denominan la triangularización de las inversiones. ¿Qué significa esto? Pues que las empresas estadounidenses cuando pretenden invertir en España lo hacen a través de un tercer país como Holanda y Luxemburgo. Ambos territorios mantienen una fiscalidad ventajosa para los holdings. De hecho, solo el 23% de la inversión de Estados Unidos en España llegó en 2012 de forma directa. El resto recaló antes en un país de tránsito. Y ello se explica por el actual convenio, que se firmó en 1990 y que, entre otros defectos, penaliza tributariamente la repatriación de dividendos. Las empresas españolas sufren una retención en la fuente del 10% cuando pretenden repatriar los beneficios de sus filiales estadounidenses. Este porcentaje se rebajará hasta el 5% y, en determinadas circunstancias, no se aplicará ninguna retención.

Hasta que no entre en vigor el nuevo convenio, las estadísticas de Economía reflejarán que Luxemburgo invierte más que Alemania y Estados Unidos juntos. En realidad, lo que sucede es que las empresas estadounidenses utilizan otros países para invertir en España.

“Uno de los objetivos fundamentales del nuevo convenio ha sido evitar esa triangulación en las inversiones”, señaló José Antonio Bustos, socio de Deloitte Abogados en unas jornadas sobre fiscalidad que organizó recientemente.

La inspección gana peso

Bustos señaló que, en la medida en que el convenio ofrecerá la posibilidad de aplicar exenciones bajo determinados supuestos, la inspección tributaria tendrá mayor interés en vigilar las operaciones entre ambos países y comprobar si realmente las empresas tienen derecho o no a aplicar las exenciones previstas.

El convenio también mejora la tributación en el caso de los cánones y los intereses. Para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el nuevo pacto fiscal supone que la relación entre España y Estados Unidos se equipare a las condiciones que existen entre países que forman parte de la Unión Europea.

Más pactos con paraísos tributarios

Junto al convenio para evitar la de doble imposición con Estados Unidos, Hacienda lleva años acelerando la firma de pactos de intercambio de información con paraísos fiscales, que tras la rúbrica pierden tal condición para la legislación española. Es decir, salen de la lista negra de la Agencia Tributaria.

Hacienda ya ha llegado a acuerdos de intercambio de información con Andorra, Aruba, Bahamas, Bermudas, Guernsey, Islas Caimán, Islas Cook, Jersey o Isla de Man entre otros territorios considerados off-shore y que, históricamente, han servido de refugio para los evasores de impuestos. Sin embargo, una cosa es comprometerse a intercambiar información y, otra muy distinta, realizarlo. Será la OCDE quien supervisará que los convenios firmados se cumplan. Por otra parte, el nuevo convenio con Suiza que firmó España ya se encuentra en el Parlamento.

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