Muface peligra por la caída de ingresos y el uso de excedentes
El presupuesto de 2013 disminuye un 17% Los remanentes han disminuido en 1.000 millones durante la crisis
La viabilidad de la mutualidad sanitaria de los funcionarios (Muface) podría estar en peligro a medio plazo, ante la caída de los ingresos, fundamentalmente por la congelación del empleo público, y por el uso sistemático de sus remanentes desde hace seis años, según ha denunciado CSI-F, el sindicato más representativo de las Administraciones Públicas. Esta mutualidad cubre la asistencia sanitaria de casi un millón de funcionarios y 615.814 familiares.
Según las cuentas de Muface, el presupuesto aportado anualmente por el Ministerio de Hacienda ha ido disminuyendo en el entorno del 2% anual desde 2007, intensificándose en 2013, con un recorte del 17%. Con ello Hacienda pasó de aportar 1.081 millones de euros en 2012 a 898,5 millones en el presente ejercicio.
Este paulatino recorte de las aportaciones de Hacienda ha obligado a los gestores de la mutualidad a tirar del remanente de tesorería del que dispone esta mutualidad, a razón de unos 200 millones anuales, para cubrir los gastos. De esta forma este excedente ha disminuido en unos 1.000 millones de euros durante la crisis. Si bien se desconoce el remanente restante.
Esta incertidumbre unida al estancamiento de los nuevos titulares (y por tanto de ingresos) en 2012 y 2013 por la congelación del empleo público; y a un aumento considerable del número de beneficiarios familiares (que crecen un 7% este año) debido al regreso al hogar familiar de muchos hijos, hace que CSI-F pidan una estudio de viabilidad así como un mayor desvío de los recursos de la sanidad pública al mutualismo administrativo.
De momento, Muface ha eliminado algunas ayudas como las de dependencia; las de podología y termalismo para mayores; las destinadas a adquisición de vivienda; o el programa de becas de estudio y residencia.
Además, los ajustes que afectan a este ejercicio son: la reducción del subsidio de jubilación a la cuarta parte; y el recorte a la mitad de la cuantía mínima del subsidio por defunción. Esto junto a la práctica retirada de la ayuda a la compra de vivienda supone 20 millones menos de gasto, según CSI-F.
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