En marzo se traspone una norma europea que obliga a pagar a 30 días

El sector público abona sus facturas al privado con 141 días de retraso

El Ejecutivo puso en marcha el pasado ejercicio el plan de pago a proveedores, con el que se saldaron deudas que las comunidades autónomas y ayuntamientos tenían con sus proveedores. Algunas facturas eran anteriores al año 2000. En total se abonaron impagos anteriores al 31 de diciembre de 2011 por importe de 27.000 millones de euros para acabar con la "tradición" de pagar tarde.

Ese programa puso el contador a cero de la deuda comercial, pero no ha conseguido acabar con el tradicional retraso en los pagos por parte de las tres administraciones públicas. Así lo denunció ayer Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, quién detalló que las empresas públicas abonaron sus facturas el pasado ejercicio a una media de 141 días, muy lejos de los 40 días que marcaba la ley. Sin embargo se trata de la primera vez que baja en los últimos diez años (en concreto 21 días con respecto al plazo de 2011). "Es un descenso significativo, pero no suficiente, ya que supone que casi cuadruplica el plazo establecido en la Ley de Morosidad (40 días)". Peor parada sale España si se le compara con el resto de países europeos, ya que se sitúa en el antepenúltimo puesto de la clasificación, al mismo nivel que Grecia o Italia.

Cañete apunta que el descenso en los plazos de pago habría sido mucho más acelerado si no llega a ser por las malas prácticas de las grandes empresas de la construcción con sus subcontratas. "Las grandes cobraron sus deudas en el plan de pago a proveedores, pero en muchos casos no han abonado las suyas a las subcontratas y eso está ahogando a muchas pymes", apuntó. Para ello se están aprovechando, en su opinión, de una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público, "realizada con nocturnidad apenas una semana antes de las elecciones", que faculta a los contratistas de obra pública a pactar plazos de pago que en algunos casos va más allá de los 300 días. De hecho, Cañete mantuvo una reunión el pasado lunes con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al que le entregó una propuesta para derogar ese beneficio a los contratistas del sector público. "Queremos evitar un fraude de ley que está provocando que las diez mayores constructoras de España estén pagando a 293 días". La evolución de los plazos de pago entre empresas también ha mejorado (pasó de 98 días en 2011 a 93 en 2012), pero se encuentra lejos de los plazos legales (75 días en 2012 y 45 este año).

Denuncias ante la UE

Ante la lenta reducción de los retrasos en el pago, los proveedores confían en que la directiva europea de plazos de pago, que se deberá trasponer en España a partir del 16 de marzo, marcará "un antes y un después" en la cultura de los pagos. Esta norma obligará a las administraciones públicas a abonar sus facturas a un plazo máximo de 30 días y faculta a los proveedores a presentar recursos ante las autoridades comunitarias tanto por el principal como por los intereses de demora. "La Plataforma está abierta para que cualquier empresa que lo desee denuncie los impagos ante la UE, aunque también es consciente de que muchas de ellas no lo hacen porque no están dispuestas a perder más clientes", subrayó Cañete.

El presidente de la Plataforma avanzó que el Ejecutivo ultima la puesta en marcha de un fondo, que estará dotado con 3.700 millones, para liquidar las deudas que un gran número de proveedores mantenían con mancomunidades, hospitales o universidades. Estas deudas quedaron fuera del plan de pago a proveedores puesto que no existía ningún mecanismo para garantizar que esos organismos devolvieran el dinero que se les prestaba (a los ayuntamientos y a las comunidades se les retendría su participación en los ingresos del Estado en caso de impago). Ese instrumento aún no se ha presentado por las dificultades técnicas que han surgido entre los técnicos de Hacienda para garantizar que no haya impagos.

BBVA mejora sus previsiones para España

Si el lunes fue Morgan Stanley la que dio su voto de confianza a la economía española, ayer le toco el turno a BBVA Research, quién mejoró sus previsiones para este ejercicio. El servicio de estudios limita la caída del PIB en 2013 al 1,1%, tres décimas menos que en su anterior pronóstico. "La economía española tocará fondo este año y existen razones para pensar que mejorará en 2014, cuando se produciría ya un crecimiento moderado de la actividad, en el entorno del 1,1 %", apunta en su último informe. El análisis, sin embargo, no es tan optimista para el empleo, donde las perspectivas empeoran, dejando la tasa de paro en el 26,8% este año y en el 26,1% en 2014. En ese escenario, el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Domenech, reclamó "medidas adicionales" contra el paro, como nuevas reformas para reducir el desempleo juvenil, elevar la empleabilidad sin capital humano suficiente, aumentar la estabilidad en el empleo y conseguir puestos de trabajo más productivos.

El consenso de Funcas, que recoge las opiniones de 17 servicios de estudios, no es tan optimista y se mantiene en que el PIB caerá un 1,5% este año. Este servicio prevé que se tocará fondo en el tercer trimestre y en el cuarto el PIB ya tendrá tasas positivas.