Asignatura pendiente
El pasado agosto se encauzó la salida de la crisis de la eurozona con el anuncio de Mario Dragui, presidente del BCE, de utilizar los recursos necesarios para salvar el euro. La presentación de los detalles del programa de compra de bonos de los países periféricos en el mercado secundario (el OMT) en septiembre contribuyó decisivamente a reducir sus costes de financiación. El Tesoro español estaba pagando más de un 7% en julio para vender bonos a diez años, mientras que ahora el rendimiento es de un 5,2%. La prima de riesgo ha caído por debajo de los 360 puntos. Los países rescatados (Grecia, Irlanda y Portugal) e Italia también han experimentado una notable mejoría. Irlanda vuelve a colocar parte de su deuda entre los inversores privados, ha registrado un pequeño aumento de su PIB en el segundo semestre de 2012 y se prevé no necesitará ayuda de la troika a finales de año. Italia ha conseguido reducir su déficit hasta el 2,8% del PIB.
Las reformas estructurales y la austeridad que han aplicado los gobiernos español desde enero de 2012 e italiano desde noviembre de 2011 han contribuido substancialmente a disipar la amenaza de un rescate. Ningún organismo internacional vaticina que España necesite un rescate. La percepción de España por parte de las instituciones internacionales, inversores extranjeros y analistas ha mejorado notablemente. Nadie exige a España que aplique medidas adicionales de austeridad. La Comisión Europea probablemente relajará el objetivo de reducción de nuestro déficit. Los elogios a los esfuerzos y sacrificios que está realizando la sociedad española son múltiples.
Las perspectivas para la economía mundial también son más halagüeñas. La resolución temporal del acantilado fiscal en EEUU, los avances descritos en la eurozona y el mayor crecimiento de China han devuelto la confianza a los inversores. Las subidas de las principales bolsas y la revalorización del euro son una buena prueba de ello.
Aún no hemos salido del túnel. La eurozona y sus principales miembros están en recesión o crecen a ritmos muy reducidos. Conflictos (guerra civil en Siria) y tensiones geopolíticas (entre China y Japón por las Senkaku, en Egipto y otros países árabes) pueden frenar o incluso hacer descarrilar la recuperación. El primer semestre de 2013 seguirá siendo duro. Los más pesimistas alertan sobre el riesgo de que diversas potencias (Japón, EE UU, Reino Unido) protagonicen una espiral de devaluaciones de monedas para potenciar sus exportaciones. A pesar de todas estas incertidumbres, los analistas ahora debaten la fecha de reanudación del crecimiento en España, no la de la petición de rescate.
La gran mayoría de la sociedad española está aguantando la austeridad con sentido de responsabilidad. Pero tenemos un gran reto que aún debemos superar para recuperar la senda del crecimiento y mayor prosperidad. Debemos conseguir que un mayor porcentaje de la población en edad de trabajar se mantenga en el mercado laboral. Nuestra tasa de empleo es la quinta más baja de los 27 miembros de la UE (61,2%). En 2007 nuestra tasa de empleo alcanzó el 69,5%, ligeramente por debajo de la media de la UE. Actualmente la media de la UE se sitúa en 68,6% y los países que debemos imitar registran cotas muy superiores -Alemania 73%, Países Bajos 77% y Suecia 80%-.
Hay que regularizar la situación de muchos españoles que trabajan en la economía sumergida y acabar con el fraude en el cobro del desempleo y otras prestaciones sociales. Una persona sin hijos a cargo y estudios que rechaza ofertas laborales y cobra un subsidio de desempleo superior al salario mínimo está siendo insolidario con los que trabajan e ingresan un salario inferior. Hay que incorporar a colectivos que han abandonado el mercado de trabajo. La reforma laboral fomenta el trabajo a tiempo parcial, ofrece incentivos a los jóvenes emprendedores y autónomos y permite combinar el cobro de una pensión y un empleo a tiempo parcial. Necesitamos un cambio de mentalidad. La mayoría de los parados quiere un empleo. Pero persisten actitudes insolidarias y abusivas que se deben corregir.
Miembros de muchos partidos políticos en España han recurrido a métodos de financiación irregulares. El incumplimiento de la ley de financiación de los partidos, burbujas inmobiliarias y el creciente coste y sofisticación de las campañas electorales explican (pero de ninguna forma justifican) los casos que indignan a la opinión pública. Todo el peso de la ley debe recaer sobre los que la hayan incumplido.
El proyecto de ley de transparencia, acceso a la administración pública y buen gobierno castigará la mala gestión del dinero público. Pero la oposición no debe minar la actuación del gobierno y desprestigiar a España por intereses políticos y para desviar la atención de sus propias debilidades y contradicciones.
Alexandre Muns es profesor de la Escuela Superior de Comercio Internacional. Universidad Pompeu Fabra