Editorial

Una tarea en la que hay que tomar parte

Pese a que el horizonte de la economía española comienza a mostrar algunas señales esperanzadoras, un incipiente cambio de escenario que los informes de los analistas internacionales reconocen también, sería ingenuo -y, sobre todo, erróneo- concluir de todo ello que el final de la crisis resulta inminente. Porque junto a esas señales de mejora -crecimiento en el sector exterior, déficit público en retroceso, estabilización de la prima de riesgo-, España sigue destruyendo empleo, su mercado de crédito continúa sin poder fluir a empresas y familias y no hay visos de repunte de la actividad. Parte del trabajo necesario para remover esos obstáculos ya ha sido abordado. El Gobierno ha puesto en marcha en los últimos meses una considerable batería de reformas, algunas de ellas estructurales -es el caso de la reforma laboral o de la reorganización del sector financiero-, que constituían asignaturas pendientes para nuestra economía. Pese a todo, todavía quedan por delante grandes tareas que es necesario acometer. El redimensionamiento y la reforma en profundidad del sector público, una mayor apertura y liberalización de los mercados, en especial del sector energético, y una política decidida de estímulo a la innovación e inversión tecnológica son solo algunas de ellas.

El trabajo que España debe hacer para dejar atrás esta crisis no está, sin embargo, únicamente en manos del Gobierno. En una economía de mercado como la española, la labor del Ejecutivo pasa por remover obstáculos a la actividad económica, supervisar y garantizar la libre competencia y buscar fórmulas para estimular la productividad y el buen funcionamiento del tráfico económico. Pero son los operadores principales del mercado -las empresas, las entidades financieras e incluso los propios consumidores- quienes tienen en sus manos las miles de decisiones e intercambios contractuales que alimentan la actividad. Se trata de una tarea compartida en la que cada uno debe asumir su papel. Ello implica que del Gobierno depende flexibilizar la legislación laboral, pero que compete a las empresas utilizar esa herramienta para realizar los ajustes que deban hacer. Supone que el Ejecutivo pone las bases de reordenación del sistema financiero, pero que son las entidades las que deben apurar y culminar ese proceso, en especial el ajuste de personal y de oficinas que han de abordar. Significa que se han aprobado iniciativas al emprendimiento, pero que son los emprendedores los que tienen que hacer uso de esas facilidades para promover la creación de nuevos negocios. El Gobierno está obligado a hacer su parte, pero los operadores económicos no pueden ni deben retrasar la suya.