El fondo de vivienda social nace con 5.891 inmuebles de la banca
El Gobierno y la banca han firmado esta tarde un convenio para constituir el fondo de vivienda social dirigida a realojar a desahuciados especialmente vulnerables, dotado con 5.891 inmuebles de las entidades que los afectados podrán alquilar por entre 150 y 400 euros mensuales. Las entidades podrán elevar el número de viviendas que aportan.
Los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito han sellado esta tarde un convenio para constituir el fondo social de vivienda destinado a realojar a desahuciados especialmente vulnerables.
El fondo nace dotado de 5.891 inmuebles aportados por la banca, que podrán elevar esta cuantía en el futuro si así lo desean. La cifra es un poco inferior a las 6.000 viviendas estimadas inicialmente.
La mayor aportación corre por cuenta de Bankia, que cede 1.000 inmuebles para este proyecto. Le siguen los 900 inmuebles de BBVA, los 850 de CaixaBank o los 550 del Grupo Santander. Novacaixa Galicia, de la que aún no se conocían estimaciones, dedica 200 viviendas a esta finalidad.
Condiciones de acceso
Como ya ocurriera con la moratoria sobre embargos, la medida está limitada a determinados colectivos de especial vulnerabilidad. Se dirige, en concreto, a familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; aquellas con un menor de tres años; con un miembro en situación de dependencia, incapacitado para trabajar o con una discapacidad que supere el 33%; en las que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado su prestación, o en las que haya víctimas de violencia de género.
Una vez certificado uno de estos supuestos se exigen, además, otros tres requisitos económicos adicionales: que la unidad familiar cuente con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas (IPREM), es decir, unos 1.597 euros mensuales o 19.164 euros anuales, que la carga hipotecaria haya crecido 1,5 veces desde 2008 y que la cuota mensual supere el 50% de sus ingresos.
Acceder a las viviendas del fondo social, a su vez, estará restringido a aquellas familias que, cumpliendo los citados supuestos, hayan sido desalojadas de su única vivienda después del 1 de enero de 2008. A éstas, se les permitirá acceder a un contrato de alquiler por una cuantía de entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite en el 30% de la renta neta de la familia.
Los acuerdos tendrán una duración de dos años, prorrogables por otro más, que podrán ser cancelados antes si la entidad detecta que las familias salen del umbral de protección establecido.
La selección, no obstante, estará en manos de una comisión en la que participarán tanto las administraciones públicas, incluyendo a las municipales, como organizaciones no gubernamentales. Las entidades podrán decidir si participan en el programa de forma voluntaria pero, como ya ocurría con el código de buenas prácticas, estarán obligadas a cumplirlo si lo aceptan. Cada entidad creara un parque propio con inmuebles de menos de 100.000 euros (que no pasan al banco malo), "en condiciones de habitabilidad" y los ofertarán en su red.
