Bankia lidera las aportaciones al fondo social de vivienda con 1.000 inmuebles
El próximo jueves se firmará en Madrid el convenio del Fondo Social de Viviendas, por el que la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) cederán 6.000 inmuebles para dar alojamiento a las familias que se hayan visto afectadas por desahucios. Bankia liderará las aportaciones, con 1.000 inmuebles, seguido por BBVA, con 899, CaixaBank, con 850, y el Grupo Santander, con 590.
El fondo social de vivienda destinado a acoger a los más vulnerables de entre los afectados por un desahucio hipotecario durante la presente crisis quedará conformado el próximo jueves por la tarde, cuando la banca selle la aportación de unas 6.000 viviendas destinadas al alquiler social para estos colectivos.
En la rúbrica, que tendrá lugar en el Ministerio de Economía, participarán el titular de este departamento, Luis de Guindos, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, según indicó ayer Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), institución que colaborará en esta iniciativa con la valoración de posibles beneficiarios.
El también alcalde de Santander detalló que mientras las instituciones financieras aportan los recursos necesarios y el stock de viviendas, la FEMP se encargará de evaluar y analizar la situación de personas que podrían optar de manera prioritaria a ese conjunto de inmuebles. Este sistema está previsto que se ponga en marcha a partir del próximo 31 de marzo.
Las cajas
Tras la rúbrica del convenio, la FEMP informará de su contenido a todos los municipios, para tratar de canalizar y coordinar su trabajo, ya que hay "muchos" ayuntamientos interesados en "ayudar a su vecinos". El Fondo estará constituido por 6.000 viviendas, de las que la CECA aportará más de 3.000. "Todas las entidades de nuestro sector se han adherido y el número total de viviendas que aportamos asciende a más de 3.000", comunicaron a Europa Press fuentes de la Confederación.
Fuentes del sector apuntan a que la mayor de las aportaciones la hará Bankia, con 1.000 inmuebles, seguida de CaixaBank, que pondrá unos 850. También participarán en el proyecto Bmn, con 180 viviendas; Ibercaja, con 105; Banco Ceiss, con 100; Kutxabank, con 150; Catalunya Banc, con 355; Unicaja, con 98; Liberbank, con 96; Caja 3, con 20; Caixa Pollença, con una, o Caixa Ontinyent, que aportará 14.
De entre las antiguas cajas de ahorros quedan por conocerse las cifras de Novagalicia, que siguen ultimándose, y que, sumadas al resto, compondrán algo más de 3.000 inmuebles dedicados a realojo de desahuciados.
Los bancos
Las viviendas restantes, hasta alcanzar las 6.000 comprometidas, procederán de los bancos. Fuentes del sector señalaron que los primeros cálculos apuntan a que el BBVA cederá 899 casas al fondo social; Santander, 427 viviendas; Banesto, 143; Santander Consumer, 18, y Banif, 2 (590 sumando todo el Grupo Santander).
Popular aportará alrededor de 330 pisos; Bankinter, 100; Barclays, 142; Sabadell, 138, Banco de Valencia, 93; Deutsche Bank, 87; Crédit Agricole, 33; ING Direct, 33; Lloyd's, 20; Banca March, 6; Targobank, 5; Pichincha, 6, y Bancoa y Banco Gallego, 3.
Junto a la AEB, la CECA y la FEMP participarán en este proyecto los ministerios de Economía, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector.
En virtud del convenio, los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes. El plazo para la emisión del informe será de quince días.
Tal y como informó el Ministerio de Economía, las entidades financieras fijarán mensualidades de "escasa cuantía" para alquilar estas casas. A ellas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en "situación especial de vulnerabilidad social".
Condiciones de acceso
Como ya ocurriera con la moratoria sobre embargos, la medida está limitada a determinados colectivos de especial vulnerabilidad. Se dirige, en concreto, a familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; aquellas con un menor de tres años; con un miembro en situación de dependencia, incapacitado para trabajar o con una discapacidad que supere el 33%; en las que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado su prestación, o en las que haya víctimas de violencia de género.
Una vez certificado uno de estos supuestos se exigen, además, otros tres requisitos económicos adicionales: que la unidad familiar cuente con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas (IPREM), es decir, unos 1.597 euros mensuales o 19.164 euros anuales, que la carga hipotecaria haya crecido 1,5 veces desde 2008 y que la cuota mensual supere el 50% de sus ingresos.
Acceder a las viviendas del fondo social, a su vez, estará restringido a aquellas familias que, cumpliendo los citados supuestos, hayan sido desalojadas de su única vivienda después del 1 de enero de 2008. A éstas, se les permitirá acceder a un contrato de alquiler por una cuantía de entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite en el 30% de la renta neta de la familia.
Los acuerdos tendrán una duración de dos años, prorrogables por otro más, que podrán ser cancelados antes si la entidad detecta que las familias salen del umbral de protección establecido.
La selección, no obstante, estará en manos de una comisión en la que participarán tanto las administraciones públicas, incluyendo a las municipales, como organizaciones no gubernamentales. Las entidades podrán decidir si participan en el programa de forma voluntaria pero, como ya ocurría con el código de buenas prácticas, estarán obligadas a cumplirlo si lo aceptan. Cada entidad creara un parque propio con inmuebles de menos de 100.000 euros (que no pasan al banco malo), "en condiciones de habitabilidad" y los ofertarán en su red.
Empleo estudia evitar el embargo de viviendas a autónomos
El Gobierno setá estudiando paliar o eliminar los efectos negativos del impago de las deudas de Seguridad Social para evitar la ejecución de los bienes inmuebles que constituyen la vivienda habitual.Durante su intervención en la sesión de control en el Senado, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que su gabinete está negociando con los representantes de los autónomos para conceder aplazamientos para el pago de las deudas de la Seguridad Social durante un período más dilatado, de hasta cinco años para los casos más extremos, ofreciendo unas condiciones de amortización flexibles, así como ampliar de uno a dos años el plazo de subasta desde la primera diligencia de embargo hasta la realización material de la subasta.Báñez ha recordado que el Estatuto del trabajador autónomo establece que la vivienda habitual no es bien embargable si existen otros bienes suficientes para satisfacer la garantía, ha indicado que existen situaciones excepcionales que tienen que tener la atención del Gobierno.
