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Un total de 33 entidades aportan 5.891 casas para desahuciados

Así funcionará el nuevo fondo social de viviendas

La firma del convenio entre el Gobierno, el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (ONGs), las patronales bancarias y 33 entidades de crédito para poner a disposición de las familias desahuciadas 5.891 casas en toda España supone el pistoletazo de salida al fondo social de viviendas.

Estas son las claves que explican cómo funcionará este mecanismo para frenar la exclusión social de estos hogares.

P¿Quiénes aportan las viviendas destinadas a alojar a los desahuciados?

RBancos y cajas son las entidades que entregan al fondo los inmuebles procedentes de sus carteras inmobiliarias que mejor se ajustarían a las necesidades de estas familias. En total son 5.891 viviendas, de las que las cajas aportan la mitad. Por entidades, Bankia, con 1.000 pisos, BBVA, con 900, CaixaBank, con 850 y Grupo Santander, con 590, son las que más inmuebles ponen a disposición de este mecanismo.

P¿Qué deben hacer quienes hayan sido desahuciados para optar a una de estas casas?

RDeben dirigirse a la entidad financiera que cursó su proceso de ejecución hipotecaria o desahucio.

P¿Qué requisitos deben cumplir los hogares para poder residir en una de estas viviendas?

RPodrán acceder a estos pisos las personas desalojadas de su hogar desde el 1 de enero de 2008 por no pagar la hipoteca. Además, los beneficiarios tendrán que encontrarse en situación de especial vulnerabilidad. Es decir, cumplir las condiciones fijadas por el Gobierno, como no superar una renta de poco más de 19.000 euros al año y no ser propietario de ninguna otra vivienda. Y además, ser familia numerosa, monoparental con dos o más hijos o, por ejemplo, estar en el paro y haber agotado el cobro de la prestación.

P¿Qué precio pagarán por la nueva vivienda y cuánto tiempo podrán permanecer en la misma?

REl precio del alquiler oscilará entre los 150 y 400 euros al mes con un límite máximo a pagar del 30% de la renta familiar. El contrato durará dos años con opción a que sea prorrogado por un tercero si la situación del arrendatario no ha cambiado. Del mismo modo, si antes de los dos años la coyuntura económica de la familia mejora, se revisarán las condiciones de su alquiler. El Gobierno pretende con esta iniciativa brindar otra oportunidad a los deudores de buena fe.

P¿Qué organismos serán los encargados de elegir las familias que pueden acogerse a este fondo social de viviendas?

RLa decisión se tomará con la información que aporte la entidad financiera involucrada en el desalojo y el ayuntamiento al que pertenezca la familia solicitante. Así, en virtud del convenio suscrito ayer, serán los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes.

P¿Cuándo está previsto que sean asignadas las primeras casas?

RFuentes oficiales estiman que el fondo estará plenamente operativo a partir del próximo 31 de marzo y confirman que se dará especial prioridad a quienes se encuentren en "situación especial de vulnerabilidad social".

P¿Qué obligaciones deberán cumplir las familias adjudicatarias?

REl arrendatario debe comprometerse a destinar ese inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en las que lo recibió.

P¿Pueden conocerse qué clase de viviendas son las que están disponibles para este fondo social?

RLas entidades financieras informarán a los eventuales beneficiarios, ayuntamientos, diputaciones provinciales y ONG de las características básicas de las casas disponibles para este plan de realojos y deberán facilitar también los datos también a través de sus sucursales y sus páginas web. Entre otras cuestiones, deberá figurar la ubicación y superficie de cada vivienda, su distribución por municipios y comunidades autónomas, así como todos los requisitos a cumplir.

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