Competencia multa con 224 millones a ocho cárteles gracias a soplos
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha desarticulado ocho cárteles gracias a las denuncias de empresas implicadas a cambio de la exención o de una reducción de sus multas, lo que se ha traducido en 224 millones de euros en sanciones, de los que 41 han sido perdonados a los delatores.
Estas empresas implicadas prácticas anticompetitivas, tales como pactar aumentos de precios o repartirse el mercado, pertenecen a sectores diversos que van desde la peluquería profesional a los fabricantes de geles de ducha, las navieras o el fino de Jerez.
La Memoria de Actividades de la CNC en el ejercicio 2011-2012 incluye una panorámica de los cambios que ha implicado la entrada en vigor de la ley de 2007 en defensa y promoción de la competencia en España, en un momento en el que se tramita un nuevo anteproyecto que transformará de manera radical las tareas de supervisión con la unificación de organismos.
En lo que se refiere al llamado "programa de clemencia", aprobado en 2007 pero que se empezó a aplicar un año más tarde, Competencia considera que ha dado resultados "altamente positivos", tanto por el número de solicitudes presentadas como por los cárteles detectados y consiguientemente sancionados.
La mayor multa gracias a este programa -cuyo diseño se inspiró en el que aplican otras autoridades, sobre todo la Comisión Europea- se aplicó en 2011 a ocho empresas del sector de productos para peluquería profesional y a la asociación nacional de perfumería y cosmética (Stampa), por valor de 60,9 millones de euros, por crear en 1989 y mantener un cártel de fijación de precios.
Esta sanción se originó con la solicitud de clemencia presentada por el grupo Henkel, que confesó la existencia del cártel y su participación, así como la del resto de las empresas implicadas, por lo que fue eximida del pago de su multa (9,8 millones de euros).
Las ocho empresas multadas -L'Oréal España, Wella, Grupo Colomer, Henkel Ibérica, Eugene Perma, Montibello, Lendan y DSP Haircare Products- representaban al 70 % del mercado.
A continuación se sitúan los 54 millones a las empresas Trasmediterránea, Balearia, Isleña Marítima de Contenedores, Sercomisa y Mediterránea Pitiusa por repartirse el mercado en las líneas de transporte marítimo de mercancías y pasajeros que unen la las Islas Baleares entre sí y con la Península, aunque en ese caso no hubo exención o reducción para ninguna empresa.
Un caso parecido fue el de las navieras Acciona Trasmediterránea y Balearia, que fueron multadas con 18 millones de euros por un cártel de precios y de reparto de mercado en la línea de transporte marítimo de pasajeros que une Algeciras con Ceuta.
La empresa ABX Logistics España declaró en febrero de 2008 ante la dirección de Investigación de la CNC sobre un cártel de empresas en el que había participado, solicitando la exención del pago de la sanción que le correspondiese, lo que acabó implicando multas por valor de 21 millones de euros a empresas del sector de la logística y el transporte de mercancías internacional por carretera.
La Asociación Española de Fabricantes de Bombas de Fluidos (AEFBF) y 19 empresas fabricantes y distribuidoras recibieron una multa de 18 millones de euros en 2011; mientras que siete empresas de ingeniería de obra civil recibieron sanciones por 16 millones en 2012 por repartirse el mercado durante 14 años.
Por cuantía de la multa, les siguen Sara Lee, Puig y Colgate Palmolive, a los que se añadió Colomer, por aumentar un 15 % los precios y enmascararlo mediante la reducción del tamaño de los envases.
Fueron sancionados con 15 millones tras la denuncia de la también implicada Henkel, que ya fue la delatora del cártel de peluquería profesional, y Sara Lee, que vio su multa reducida en un 40 %.
También se impuso una multa de 12 millones a empresas fabricantes y comercializadoras de envases hortofrutícolas por la declaración de Linpac, que describió determinadas reuniones sistemáticas al comienzo de las campañas por algunas empresas del sector en la que se alcanzaron acuerdos de fijación de precios y reparto de clientes.
Asimismo, se sancionó en 2010 a siete bodegas de Jerez por un importe global que superó los 6,7 millones de euros, a consecuencia de la denuncia presentada por Complejo Bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos -propiedad ambas de Nueva Rumasa, Familia Ruiz Mateos-.