El Gobierno pacta con la banca un fondo social de 6.000 viviendas para desahuciados
El Gobierno ha acordado con las entidades financieras el contenido esencial del convenio por que se creará un fondo social de viviendas en alquiler para familias desahuciadas en situación de especial vulnerabilidad. Se trata de 6.000 inmuebles que empezarán a adjudicarse trimestralmente desde el 31 de marzo de 2013.
Ejecutivo y banca acaban de pactar "el contenido esencial del que será el convenio para la creación de un fondo social de viviendas" de alquiler, a un precio asequible, para familias desahuciadas en situación de especial vulnerabilidad, según ha informado el Ministerio de Economía.
Los bancos aportarán unas 3.000 viviendas y las antiguas cajas de ahorros otras tantas, destinadas a alojar a quienes han sido desalojados de sus hogares desde el 1 de enero de 2008. Los afectados deberán dirigir sus solicitudes a las entidades financieras, que priorizarán las situaciones de mayor gravedad para ir asignando los inmuebles trimestralmente a partir del próximo 31 de marzo de 2013.
La medida, sin embargo, estará restringida a ciertos colectivos de especial vulnerabilidad, como ya ocurría con la moratoria de dos años para las ejecuciones hipotecarias. Podrán acceder a ellas, en concreto, familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; aquellas con un menor de tres años; con un miembro en situación de dependencia, incapacitado para trabajar o con una discapacidad que supere el 33%; en las que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado su prestación, o en las que haya víctimas de violencia de género.
A estos casos se les aplicará, adicionalmente, ciertos requisitos económicos. Básicamente que la unidad familiar cuente con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas (IPREM), es decir, unos 1.597 euros mensuales o 19.164 euros anuales, que la carga hipotecaria haya crecido 1,5 veces desde 2008 y que la cuota mensual supere el 50% de sus ingresos.
La selección de los beneficiarios estará coordinada entre las entidades financieras y los servicios sociales de los ayuntamientos o diputaciones provinciales, que deberán responder a las solicitudes en un plazo de 15 días. A las familias que se les conceda una vivienda se le aplicará un contrato de alquiler por una cuantía de entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite en el 30% de la renta neta de la familia.
Los acuerdos tendrán una duración de dos años, prorrogables por otro más, que podrán ser cancelados antes si la entidad detecta que las familias salen del umbral de protección establecido.
El convenio cuenta con el respaldo del Ministerio de Economía y Competitividad, Sanidad y Servicios Sociales, Fomento, Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (Organizaciones no Gubernamentales), y la mayor parte de las entidades financieras. La firma está prevista para la tercera semana de enero.
Voluntario para cada entidad
Las entidades podrán decidir si participan en el programa de forma voluntaria pero, como ya ocurría con el código de buenas prácticas, estarán obligadas a cumplirlo si lo aceptan. Cada entidad creara un parque propio con inmuebles de menos de 100.000 euros (que no pasan al banco malo), "en condiciones de habitabilidad" y los ofertarán en su red. Los afectados deberán solicitar la vivienda a la entidad que les ejecutó la hipoteca, si es que esta se adhiere al convenio del fondo de vivienda.
Habrá una Comisión de Coordinación y Seguimiento en la que participarán con un representante, además de las organizaciones sociales (Plataforma del Tercer Sector), los ministerios que suscriben el convenio (Economía, Sanidad y Fomento), el Banco de España, la FEMP y cuatro representantes de las entidades adheridas designados por la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de las Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Asociación Hipotecaria.