La vivienda social para desahuciados se limita a los más vulnerables
Gobierno y banca ultiman un acuerdo para que las entidades que voluntariamente lo deseen aporten inmuebles de menos de 100.000 euros y "en condiciones de habitabilidad" al fondo de vivienda social para desahuciados. A los afectados se les exigirán las mismas condiciones familiares y económicas de especial vulnerabilidad que se piden para paralizar dos años un desalojo para que puedan beneficiarse de un alquiler social.
El Gobierno ultima un acuerdo con la mayoría de entidades financieras del país por el que estas aportarán 6.000 inmuebles al fondo social de vivienda ideado por el Gobierno para alojar a aquellas familias que han sido desahuciadas, según detalló ayer en el Senado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
La medida, sin embargo, estará restringida a ciertos colectivos de especial vulnerabilidad. Básicamente los que cumplan las mismas condiciones exigidas para aplicar una moratoria de dos años en las ejecuciones hipotecarias.
Se limita, por tanto a familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; aquellas con un menor de tres años; con un miembro en situación de dependencia, incapacitado para trabajar o con una discapacidad que supere el 33%; en las que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado su prestación, o en las que haya víctimas de violencia de género.
Una vez certificado uno de estos supuestos se exigen, además, otros tres requisitos económicos adicionales: que la unidad familiar cuente con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas (IPREM), es decir, unos 1.597 euros mensuales o 19.164 euros anuales, que la carga hipotecaria haya crecido 1,5 veces desde 2008 y que la cuota mensual supere el 50% de sus ingresos.
Las estimaciones que baraja el ministro Guindos son que, en el caso de la moratoria, hasta 120.000 familias cumplen todos los requisitos exigidos para acogerse a la medida.
Acceder a las viviendas del fondo social, a su vez, estará restringido a aquellas familias que, cumpliendo los citados supuestos, hayan sido desalojadas de su única vivienda después del 1 de enero de 2008. A éstas, se les permitirá acceder a un contrato de alquiler por una cuantía de entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite en el 30% de la renta neta de la familia.
Los acuerdos tendrán una duración de dos años, prorrogables por otro más, que podrán ser cancelados antes si la entidad detecta que las familias salen del umbral de protección establecido.
La selección, no obstante, estará en manos de una comisión en la que participarán tanto las administraciones públicas, incluyendo a las municipales, como organizaciones no gubernamentales. Las entidades podrán decidir si participan en el programa de forma voluntaria pero, como ya ocurría con el código de buenas prácticas, estarán obligadas a cumplirlo si lo aceptan. Cada entidad creara un parque propio con inmuebles de menos de 100.000 euros (que no pasan al banco malo), "en condiciones de habitabilidad" y los ofertarán en su red.
En cuanto al código de buenas prácticas para la banca, Guindos reveló que en sus seis primeros meses ha permitido 42 daciones en pago y 171 reestructuraciones hipotecarias, frente a los 52 beneficiaros del primer trimestre.
