La reforma de los reguladores

El Gobierno ha recibido una dura misiva de la Comisión Europea: una verdadera andanada contra el proyecto de Ley de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC), que inicia su tramite parlamentario -con enmiendas a la totalidad de siete grupos políticos- y que puede tener efectos muy negativos en los precios y la calidad de bienes y servicios, es decir, muy perjudicial en términos de los derechos de los consumidores.

Curioso, ¿verdad? Todos los días asistimos, indignados o atónitos, a recortes brutales con la justificación por parte del Gobierno de que tales decisiones vienen impuestas por la Comisión Europea... pero, al mismo tiempo, cada vez aparecen más ámbitos de discrepancia de la Comisión con el Ejecutivo, que este pretende silenciar o minimizar.

Es el caso de la política energética, donde el Gobierno ha recibido indicaciones de Bruselas, muy contrarias a decisiones adoptadas, que están comportando la ruina de las empresas de energías renovables y de cogeneración, con la consiguiente destrucción masiva de empleo y el retroceso del liderazgo de España en el mercado internacional. La discrepancia en lo relativo a la política de la competencia (o sea, de la lucha contra la concentración del poder económico) ya apareció el pasado mes de mayo, en la evaluación de mayo del Programa Nacional de Reformas (PNR): la Comisión alertaba sobre el inadecuado contenido del todavía anteproyecto de Ley de la CNMC, que planteaba la integración en un único organismo de la actual Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y de los organismos reguladores existentes: la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Servicio Postal (CSP). Bruselas ya trasladaba, entonces, su preocupación por el impacto de dicha reforma sobre la necesaria independencia y eficiencia del organismo resultante.

El Gobierno no atendió estas advertencias, y aprobó, el pasado septiembre, el proyecto de ley, cuyo texto sigue siendo contrario a la normativa europea sobre la competencia y sobre la regulación de determinados sectores. La ya citada carta subraya algunos aspectos concretos, en gran medida ajenos al número de organismos resultantes de cualquier reforma: la independencia de los órganos de dirección de la CNMC (consejeros y directores), su financiación y la devolución de competencias y funciones al Gobierno. El Gobierno pretende justificar esta reforma, por la tendencia generalizada a la reducción del número de organismos reguladores. Pero, hoy día, Estonia es el único país de la Unión Europea con un modelo semejante. El resto de nuestros vecinos mantienen separadas las funciones horizontales del organismo de la competencia de las del o los organismos reguladores. Pero, más allá de la más que discutible fusión de todos los organismos en una única comisión, merece la pena detenerse en los elementos específicos denunciados por la Comisión Europea.

El Gobierno propone que solo nueve consejeros resuelvan sobre un número elevadísimo de expedientes, relativos a sectores muy diferentes entre ellos, con una creciente complejidad tecnológica. La opinión de los consejeros dependerá -mucho más que ahora- del conocimiento técnico de los directores, que, según el proyecto de ley, serán nombrados y cesados por el Gobierno, y no por el consejo de la propia CNMC, en contra de cualquier exigencia de independencia. De esta forma, el Gobierno controlará, entre otras cosas a través de los directores, la toma de decisiones del organismo resultante.

Algo absolutamente inaceptable, objeto de una de las críticas más rotundas de la Comisión Europea. Esta cuestión no es más que uno de los elementos más visibles de un modelo cuidadosamente elaborado por el Gobierno para limitar la independencia y la capacidad efectiva de actuación de la CNMC; esta intencionalidad aparece incluso reflejada, sin ningún pudor, en la memoria del impacto normativo del proyecto de ley, en la que se señala el "peligro" de dar demasiado poder al organismo, lo que se resolvería limitándolo "a través del sistema de nombramientos" (sic).

La Comisión Europea cuestiona también el nuevo sistema de financiación propuesto en el proyecto de ley, por el que la CNMC se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y no, como es actualmente el caso de los organismos reguladores, a través de tasas recaudadas y gestionadas por dichos organismos. Ello supone una regresión en la necesaria independencia de la CNMC, ya que su capacidad de actuación quedará condicionada por los menguantes recursos presupuestarios.

Más grave aún resulta la devolución de competencias de los organismos reguladores a los respectivos ministerios, a la contra de lo establecido en las normas y prácticas europeas; en particular, en las telecomunicaciones, ya que España es el país donde menor es la capacidad de actuación de la correspondiente comisión reguladora (la CMT).

El proyecto de ley limita también la exigencia de informe preceptivo de la CNMC a los sectores regulados, eliminando la capacidad de la actual CNC de emitir informes preceptivos si considera que una determinada norma, en cualquier sector económico, atenta al principio de competencia. No cabe extrañarse de este ataque del Gobierno contra la política de defensa de la competencia: ya en 1999, el Ejecutivo de Aznar modificó la legislación entonces vigente, para eliminar el informe preceptivo del entonces Tribunal de la Competencia. Guindos, por cierto, era secretario de Estado de Economía.

Estamos hablando de instrumentos utilizados en todos los países desarrollados para garantizar mejor los derechos de los ciudadanos frente al poder de las empresas. Y es oportuno recordar cuán numerosas -y graves- son en España las quejas de los consumidores, precisamente en dos de los sectores regulados -la energía y las telecomunicaciones-. Y ello, a pesar del importante trabajo realizado durante los últimos años por los organismos reguladores y de la competencia: el Gobierno podría aplicar, por ejemplo, las recomendaciones de la CNC para evitar abusos en el ámbito de los carburantes.

Por el contrario, el Gobierno ha demostrado ya su escasa consideración hacia la CNC, desoyendo su opinión respecto de una operación de concentración liderada por un grupo mediático afín: algo que no había sucedido nunca, desde la vigencia de la actual legislación sobre la competencia, y que resulta esclarecedor a la hora de entender las razones de un proyecto de ley que reducirá la capacidad de los reguladores para limitar actuaciones contrarias a la defensa de los derechos de los consumidores, para satisfacer así aquellos intereses particulares que gocen de sintonía con el Gobierno.

Cristina Narbona. Vocal de la comisión de Economía y ponente del grupo socialista en el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia