Llega el momento de ahorrar en coches oficiales
En época de crisis económica todos los gastos son examinados con lupa y cualquier comodidad es calificada de exceso. Durante estos últimos meses, los ciudadanos han visto cómo eran recortadas sus prestaciones sociales: primero fue la educación, luego la dependencia y ahora la sanidad. Todos los españoles se han tenido que apretar el cinturón y se plantean si sus políticos están haciendo lo mismo.
Una de las partidas más controvertidas es la referente al gasto en los coches privados que se encargan de transportar a los cargos políticos. En la red han circulado todo tipo de datos, cifras disparatadas que cifraban el número de coches pertenecientes a las Administraciones públicas en torno a las 22.000 unidades. Un estudio realizado por la compañía Coches.com ha determinado que se sitúa en torno a los 5.000 vehículos, destinados solo al transporte de políticos en sus funciones de representación, entre la Administración central, los ayuntamientos, las diputaciones y las comunidades autónomas.
"La reducción del número de vehículos es una medida fundamental, pero no la única", para el consejero delegado y fundador de Coches.com, Iñaki Arreola. Sustituir la compra directa por fórmulas como el renting o el alquiler a largo plazo supondrían un importante ahorro económico y burocrático.
El renting da la posibilidad al consumidor de alquilar un vehículo por un periodo de aproximadamente cuatro años, pagando una cuota mensual que incluye el mantenimiento, el seguro y, en algunos casos, la gasolina, de manera que se eliminan todos los posibles gastos imprevistos. Arval, uno de los mayores operadores de renting nacional, afirma que esta fórmula "ayuda a racionalizar los gastos", pues el cliente sabe por adelantado el dinero que debe destinar a esta partida.
En España, solo una tercera parte de los automóviles públicos son alquilados. De esta cantidad, la mayoría pertenece a las flotas de los cuerpos de seguridad y emergencia y a los servicios de limpieza, es decir, turismos de gama media-baja cuya compra no supera los 18.000 euros. Por el contrario, el resto de vehículos, de gama alta e incluso con prestaciones de lujo, cuyos precios son muy superiores a los 18.000 euros, son adquiridos por el Estado de manera particular.
Una vez la Administración decide renovar el automóvil, los altos precios de los vehículos hacen imposible su venta, por lo que debe cederlos o subastarlos. El renting aportaría una ventaja en este sentido. El parque sería renovado cada cuatro años y los antiguos coches vendidos en el mercado de ocasión.
Además de la constante renovación del parque automovilístico, los operadores de renting ofrecen una labor de consultoría. Se realiza un estudio previo con el cliente teniendo en cuenta variables como el precio, las características del vehículo o su nivel de emisiones, para ofrecerle el vehículo más adecuado a sus necesidades.
Altos cargos sin vehículo propio
El pasado 8 de noviembre, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció una reducción total del 53% en los coches oficiales, que alcanzará el 66% en los pertenecientes a altos cargos (presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales). Este recorte supondrá un ahorro de 10,5 millones de euros en los próximos dos años, medida que solo se aplica al parque de la Administración central, mientras que los de las diputaciones, comunidades autónomas y ayuntamientos no se verán afectados.Durante su comparecencia, la vicepresidenta explicó detalles del real decreto, llevado al Consejo de Ministros, mediante el cual se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Así, "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia", para lo cual "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".Entre las medidas aprobadas, los directores generales carecerán de vehículo propio y habrá a su disposición coches de incidencias para llevar a cabo sus tareas. Por su parte, los subsecretarios lo mantendrán, pero lo compartirán con el personal de subsecretaría.Sáenz de Santamaría preciso también de dónde provendrá el ahorro anunciado. Habrá un recorte de 7,5 millones en personal, un millón en mantenimiento y dos gracias a la incorporación de los vehículos de incidencias.
El Estado ahorraría un 20% con el renting
La Administración se gasta al año en trasladar a los políticos alrededor de 63 millones de euros. Esta cifra no incluye los 850.000 euros invertidos en taxis y alquiler de vehículos, y los 7.000 euros destinados al pago de multas, de las que se responsabiliza el Congreso, según datos de Coches.com.Si la Administración sustituyese la compra directa por el renting, la partida presupuestaria destinada a vehículos oficiales se vería reducida un 20%, afirma Arval. Mientras que la compra supone una inversión de unos 22.500 euros, el renting reduce la factura a 18.000 euros por vehículo, lo que daría lugar a un ahorro de unos 225 millones de euros en el parque automovilístico público, o 22,5 millones contando solo los vehículos destinados a los políticos.Según Arval, "lo que hace falta es un cambio de mentalidad", de manera que la sociedad logre comprender las ventajas que el renting puede proporcionar. Actualmente, el alquiler a largo plazo es utilizado por el 87% de las grandes empresas privadas, mientras que las pymes y los autónomos aún se resisten a su implantación y se decantan por la compra directa. Solo el 16% de los pequeños directivos recurre al alquiler, según datos del Barómetro del vehículo de empresa (CVO) promovido por Arval.Junto con el renting, están surgiendo nuevos sistemas destinados a evitar el desembolso en la compra directa de coches. El car pooling es uno de ellos. Mediante un plan de reservas, las empresas alquilan los vehículos por turnos según sus necesidades. El empleo de esta fórmula se ha multiplicado por ocho este año, llegando a usarse por el 31% de las compañías.