Apagar el fuego de los desahucios
Las medidas urgentes en materia de desahucios anunciadas ayer por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, constituyen la primera fase de la respuesta que prepara el Gobierno para afrontar este problema. Una respuesta urgente en forma de Real Decreto Ley que será seguida en breve por un segundo paquete de medidas de mayor calado que irá al Congreso y para cuya tramitación el Ejecutivo ha pedido ya las aportaciones de la oposición, en especial, las del PSOE.
Como fórmula para frenar los desalojos de viviendas y el consiguiente riesgo de exclusión social de muchas familias, el Gobierno ha decidido paralizar dos años la última fase del proceso de desahucio. Como no puede ser de otra forma, la medida no es indiscriminada, sino que se aplicará únicamente a aquellos deudores con mayor vulnerabilidad y que cumplan determinados requisitos económicos, entre ellos, percibir unos ingresos inferiores a los 19.170 euros anuales. A ello hay que sumar también la creación de un parque de viviendas de alquiler a precios reducidos destinado a realojar a aquellas personas que han perdido su casa a consecuencia de un proceso de estas características. Los pisos que integrarán este fondo social formarán parte, según el Ejecutivo, de la gran bolsa de inmuebles que la crisis ha puesto en manos de la banca.
Como resumía ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, el objetivo de las medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno es evitar "que nadie se vaya de su casa". Más allá de que se pueda debatir si son acertados los umbrales concretos fijados por el Ejecutivo para seleccionar a los beneficiados, el drama social de los desalojos en España requería de una respuesta rápida, clara y enérgica como la que intenta el Gobierno. Una respuesta que debe ser lo suficientemente equilibrada como para proteger de forma efectiva a las familias en riesgo de exclusión social y al mismo tiempo no poner en peligro el obligado proceso de recapitalización y saneamiento de balances en que está inmerso el sector financiero. A la espera de conocer el resto de las medidas que se llevarán al Parlamento, cualquier solución al drama de los desahucios debe aunar la necesaria sensibilidad y conciencia social con una igualmente necesaria dosis de prudencia económica y realismo. Pese a que el Gobierno guarda silencio sobre la posible reforma de la Ley Hipotecaria en esta materia, tanto este paquete de urgencia como el que se tramite próximamente en el Congreso deben partir del hecho evidente de que no todos los casos de desahucio son fruto de insolvencias sobrevenidas, del mismo modo que no todos los desahucios desembocan en la exclusión social. Unas y otras son situaciones dispares y si bien las primeras deben contar con toda la protección social posible, las segundas exigen la respuesta habitual a cualquier obligación financiera.