La reforma de la ley hipotecaria divide a PP y PSOE
El grupo de trabajo conformado por Gobierno y oposición para aprobar un decreto urgente que frene los desahucios está cerca de pactar una ampliación del umbral de beneficiarios del código de buenas prácticas. Una reforma más en profundidad de la ley hipotecaria divide, sin embargo, al PP, que se opone, y al PSOE, que la reclama como condición para sellar un acuerdo.
La segunda reunión de trabajo formado por Gobierno y oposición para buscar una solución al drama de los desahucios, que afecta a unas 400.000 familias desde que comenzó la crisis, finalizó el martes sin acuerdo. Ambas partes pactaron volver a reunirse el miércoles por la tarde para seguir negociando y tratar de desencallar el mayor punto de confrontación: la reforma de la ley hipotecaria.
La reunión de lunes supuso un serio avance en la pretensión de ambas partes de ampliar el umbral de potenciales beneficiarios del código de buenas prácticas para la banca que el Ejecutivo impulsó en primavera para suavizar la situación de embargo a las familias en exclusión social.
Se trata de una normativa aceptada voluntariamente por la banca que impone medidas alternativas al desalojo y, en última instancia, el alquiler social del inmueble para las familias que pierdan la propiedad. De momento, sin embargo, su aplicación está restringida a las familias con todos sus miembros en paro, cuya cuota hipotecaria supere el 60% de sus ingresos (aunque procedan de las prestación de paro), siempre que su vivienda no exceda los 200.000 euros en una gran ciudad o los 120.000 en una población menor. También quedan excluidos aquellos que cuenten con avalistas.
La pretensión del PSOE es que las facilidades que impone el código se hagan extensibles a aquellas familias que ingresen hasta 2,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples ), lo que equivale a unos 18.000 euros anuales. Aunque el Gobierno no ha aceptado esta cuantía, las partes se acercan a un acuerdo.
De lograrse, la intención de Gobierno y oposición es llevar un decreto ley urgente al Consejo de Ministros del próximo jueves para impulsar de forma inmediata la atención a un mayor número de colectivos sociales. El PSOE ha condicionado este acuerdo, no obstante, a que las medidas inmediatas vengan acompañadas de reformas de mayor calado en la ley hipotecaria.
El Gobierno, de momento, se niega a aceptar el contenido de la proposición de ley presentada por el PSOE ante el Congreso que desarrolla una ley de endeudamiento familiar por el que los afectados por un embargo podrían dejar de pagar, como hace cualquier empresa.
Los socialistas también buscan establecer criterios más estrictos sobre la concesión de hipotecas futuras, limitando los préstamos al 80% del valor del inmueble y a 30 años de duración.
Problemas con la retroactividad
El grupo que discute la negociación está siendo coordinado por el subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo. Por parte del PSOE acuden la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, el economista Julio Rodríguez, el notario Ignacio Navas, y la portavoz de Vivienda del grupo en el Congreso, Leire Iglesia, por parte del PSOE.
El portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Valeriano Gómez, ha declarado que su partido trabaja no sólo para consensuar una "norma que impida a corto plazo los desahucios", sino para "modificar la legislación hipotecaria, que es la clave de lo que está ocurriendo", recoge Efe.
Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha emplazado al PSOE a llegar a un acuerdo "cuanto antes" con el Gobierno sobre las medidas que den solución al drama de los desahucios porque el asunto, ha recordado, "no puede esperar más". "Espero que se den prisa porque la idea es que se pueda tomar una decisión ejecutiva cuanto antes, con un real decreto el jueves", ha asegurado en los pasillos del Congreso.
El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha apuntado a su vez que cualquier medida retroactiva que afecta a la normativa actual podría tener complicaciones legales.
Bankia pide una solución estable
De momento, la banca ha anunciado que paralizará la ejecución hipotecaria de las familias más vulnerables. Así lo harán las antiguas cajas agrupadas en la CECA hasta que se apruebe la nueva legislación prevista, mientras que la patronal de los bancos, la AEB, se ha comprometido a suspender los desahucios durante dos años.
"A este problema, sin duda muy complejo, hay que darle una solución global y estable, en la que los distintos agentes sociales y económicos tengan unas responsabilidades bien acotadas. Esta solución tiene que ser igual para todas las entidades", ha aseverado hoy el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. "En este contexto de solución global", ha dicho, "nosotros asumiremos las responsabilidades que nos correspondan. Y, desde luego, redoblaremos nuestros esfuerzos en las negociaciones individuales que ya estamos llevando a cabo".
