El Gobierno espera legislar contra los desahucios este jueves
El grupo de trabajo conformado por Gobierno y PSOE para buscar alternativas legislativas al actual modelo de desahucios hipotecarios podría traducirse en un primer decreto en el Consejo de Ministros de este jueves. Las patronales de bancos y cajas han anunciado que de momento paralizarán el desalojo que afecte a las familias más vulnerables.
La fuerte presión social que han despertado los desahucios hipotecarios, que afectan a 400.000 familias desde que estalló la crisis, intensificada por los recientes suicidios de algunos afectados, ha obligado a la banca a ceder, aunque sea temporalmente. La Asociación Española de Bancos (AEB) ha anunciado que, "por razones humanitarias", se ha comprometido con el Gobierno a "paralizar" los desalojos "durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad". Las antiguas cajas de ahorros, agrupadas en la CECA, se suman a la suspensión pero solo hasta que Ejecutivo y oposición pacten la modificación legal que preparan para frenar los desalojos.
El equipo de trabajo designado a tal efecto, coordinado por el subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, Miguel Temboury Redondo, se reunió el lunes en La Moncloa desde las cinco de la tarde. Al encuentro acudieron varios expertos designados por el Ejecutivo, así como la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, el economista Julio Rodríguez, el notario Ignacio Navas, y la portavoz de Vivienda del grupo en el Congreso, Leire Iglesia, por parte del PSOE.
Rodríguez defendió en la cita, en línea con la proposición de ley presentada por el PSOE ante el Congreso, la necesidad de "modificar procedimientos de ejecución hipotecaria abusivos con el moroso, como los intereses de demora" que hacen que el afectado "quede profundamente adeudado" y condenado a vivir "marginado". El economista también aboga por ampliar los colectivos que pueden beneficiarse del código de buenas prácticas para la banca que impulsó el Ejecutivo en primavera, "muy restringido ahora a gente sin ingresos y con pisos de poco valor". Finalmente, los socialistas invitan a imitar la "ley de nueva oportunidad" de Francia o Suecia, que permite evitar el desahucio o cancelar la deuda de los morosos de buena fe demostrada.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado desde Bruselas que "es imprescindible" que "ninguna familia de buena fe se quede sin un techo como consecuencia de la crisis", avanzando que con un millón de residencias vacías en el país, este será un compromiso firme del Gobierno, informa Bernardo de Miguel.
La negociación celebrada en La Moncloa el lunes por la noche se ha cerrado sin acuerdo entre PP y PSOE, si bien fuentes citadas por Europa Press afirmaban que se habían producido "avances importantes". Estas, que continuarán el martes, tienen por objeto consensuar las líneas maestras de un decreto urgente que recoja las primeras medidas consensuadas para frenar las ejecuciones hipotecarias. Fuentes del Gobierno revelaron que la intención es llevar un primer paquete de medidas, que podrían incluir la ampliación de los beneficiarios del código de buenas prácticas, al Consejo de Ministros del jueves (adelantado un día por la Cumbre Iberoamericana que arranca el viernes en Cádiz).
La patronal bancaria AEB, que se ha ofrecido a participar como portavoz del sector en las citadas negociaciones, se muestra reacia a modificar una ley hipotecaria que "ha permitido el acceso a una vivienda en propiedad al 83% de las familias españolas". "Algunos de los cambios que ahora se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario o al menos restringir sus posibilidades de adquirir una vivienda", argumentan. La propia decisión de paralizar los desahucios temporalmente -que según la patronal fue comunicada al Gobierno el pasado jueves- ha sido "objeto de un debate intenso y profundo" por parte de los bancos miembros de la AEB.
La suspensión de los desalojos, unos 500 diarios según la Asociación de Jueces para la democracia, que aplicarán los bancos se centrará en los colectivos más desamparados, como aquellos que presenten "enfermedades graves, dependencia, elevada edad o hijos" a su cargo, según detallaron desde la AEB. Está por ver, no obstante, si la moratoria de dos años se aplica a los nuevos embargos o afecta también a los procesos ya abiertos.
En el caso de las cajas, la CECA anunció que hasta que se clarifique la nueva legislación abrirán un periodo de gracia en el que se suspende "la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables", si bien se deja a cada entidad que defina quiénes entran en este umbral. Una iniciativa que ya avanzó que seguiría Kutxabank el fin de semana y a la que ratificaron su adscripción entidades como Novagalicia o Caja España-Duero.
La portavoz y psicóloga de la Plataforma Stop Desahucios, Tatiana Roeva, se refirió a estas medidas como "un parche" y aseveró que "absolutamente todas las familias que se encuentran en esta situación son consideradas de extrema necesidad y vulnerables". Pese a las dudas, fuentes del sector financiero exponen, sin embargo, que a efectos prácticos tanto bancos como cajas evitarán ejecutar desahucio alguno hasta que PP y PSOE tramiten la nueva normativa hipotecaria y que será esta la que marque el futuro de las 250.000 familias en riesgo de desahucio, según cálculos del PSOE.
La banca, por el momento, defiende que "el desahucio es siempre la última opción" puesto que al sector no le conviene seguir absorbiendo ladrillo. Las entidades se han lanzado estos días a publicitar las distintas alternativas que vienen ofreciendo desde hace meses a los morosos para evitar ejecutar embargos, si bien ninguna detalla el número de desahucios aprobados.
Bankia, por ejemplo, ha aceptado 80.000 adecuaciones hipotecarias desde que se inició la crisis y unas 4.300 daciones en pago (entrega del inmueble como única condición para saldar la deuda). Catalunya Caixa, por su parte, aduce que paralizó los procesos de desahucio desde el pasado 6 de noviembre y que ha ampliado los programas de alquiler social que ofrece a las familias afectadas, que rebaja hasta los 175 euros mensuales en algunos casos. Un plan del que ya se benefician unas 2.000 familias, 1.100 de ellas por debajo de los 300 euros de renta al mes. En los últimos años, también la entidad intervenida ha flexibilizado la hipoteca de 70.000 familias, concedido 8.816 daciones en pago.
Un modelo parecido al que aplica CaixaBank, con 3.000 viviendas bajo alquiler social por debajo de los 300 euros mensuales, un acuerdo con la Generalitat catalana para llevar a cabo procesos de mediación previa al desalojo, periodos de carencia o cancelación de la deuda con la entrega de llaves, en algunos casos.
Una batería de medidas que, en mayor o menor medida, vienen aplicando todas las entidades de un tiempo a esta parte. Lo cierto es, sin embargo, que a tenor de las cifras la política de medidas paliativas que aplica voluntariamente la banca ha resultado insuficiente. Así lo consideran, al menos, colectivos tan diversos como la asociación de jueces decanos, el Consejo General del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) o muchos de los partidos minoritarios, algunos de los cuales venían presentando propuestas legislativas antes de que las dos grandes formaciones decidieran abordar el tema.
