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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Rajoy, entre la literatura y las matemáticas

En línea con el discurso que el Gobierno ha mantenido hasta ahora, aunque con más contundencia, Mariano Rajoy lanzó ayer un órdago a Berlín sobre las garantías que su Gobierno exige antes de tomar la decisión de solicitar el rescate de la deuda española. Rajoy aseguró que no pedirá ayuda a Europa mientras el Banco Central Europeo (BCE) continúe sin desvelar los detalles de su anunciada intervención en favor de España. Dado que la institución que dirige Mario Draghi se resiste a aclarar cuál será el alcance de esta y en qué medida pretende rebajar con ella la prima de riesgo española, Madrid se reserva el derecho a retrasar su turno de mover ficha. Un retraso que amenaza con abrir un período de profunda incertidumbre que afectará no solo a la estabilidad de España, sino también a la de las vecinas Italia y Francia.

A priori, la postura de Rajoy resulta lógica y coherente, pero conlleva al mismo tiempo una contraprestación irrenunciable por la que es necesario apostar con redoblada firmeza: el cumplimiento de nuestro objetivo de déficit fiscal. Se trata de una tarea que el Gobierno tiene que abordar con bastante más matemática y mucha menos literatura de lo que las palabras de Rajoy permiten vislumbrar. Su denuncia sobre la flagrante injusticia que supone el fraude fiscal es un buen ejemplo de ello. No hay duda de que esa injusticia existe, como tampoco la hay de que resulta sangrante e inadmisible, pero en manos del propio presidente del Gobierno está la responsabilidad -y el deber- de ponerle remedio. Rajoy hace bien en recordar que España constituye uno de los países que menor recaudación obtiene por IVA en relación a su PIB, pero haría aún mejor en taponar cuanto antes esa vía de agua que no es nueva, pero sí urgente y extraordinariamente dañina para las finanzas públicas.

Con la misma firmeza con la que hay que atajar el fraude fiscal y con idénticas matemáticas tiene que abordarse la revalorización de las pensiones, sobre la que el Gobierno reconoce no haber tomado todavía una decisión a la espera de conocer el IPC de noviembre. Los cálculos oficiales apuntan a que si la inflación de ese mes es equivalente a la de octubre, la factura ascendería a 5.000 millones de euros, un montante que constituye otro obstáculo muy serio para alcanzar el objetivo de déficit impuesto por Bruselas. Sin duda el presidente lo sabe, como también debería saber que en la situación actual no resulta prudente anunciar una rebaja de impuestos en 2014 que muy probablemente no podrá ejecutar. El deber del Gobierno en estos momentos es cumplir con los compromisos financieros de España, así como explicar a un país que ya ha hecho muchas renuncias y sacrificios que, de momento, todavía habrá que hacer más.

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