A Fondo

Gravar las renovables para finaciarlas después

El Grupo Popularen el Congreso presentó la semana pasada una enmienda aparentemente relevante al proyecto de ley de medidas fiscales al sector energético que se está tramitando en el Parlamento y que supone, entre otros, la aplicación de un nuevo impuesto del 6% a todo tipo de generación eléctrica. La citada enmienda es una adición al texto legal con la que se propone que el 38,3% de las primas de la producción con energías renovables sean financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado para "aliviar" el recibo de la luz.

Analizada en profundidad, la propuesta resulta, cuando menos, chocante. El propio proyecto de ley ya establece que el dinero que se recaude con el nuevo tributo se destinará al desarrollo de políticas de fomento de las energías renovables y la eficiencia energética. Eso sí, no queda claro si ese porcentaje equivaldrá a todo lo recaudado o solo a una parte.

¿Será suficiente la cantidad recaudada para sufragar el 38,3% de las primas que se pretende financiar? ¿Si es inferior la compensará el Estado? ¿Y si es más será el sistema eléctrico el que financie las Cuentas Públicas? Tras la aprobación del anteproyecto del ley por parte del Consejo de Ministros, el titular de Industria, José Manuel Soria, estimó que los ingresos serían 2.900 millones.

Una cantidad inflada, pues el gravamen se calculó sobre la producción de energía de 2011, que este año ha vuelto a descender como consecuencia de la depresión económica. Por su parte, el 38,3% de las primas sumarán este año más de 2.000 millones de euros.

No se entiende por qué el Gobierno ha optado por semejante circunvalación legal cuando lo más sensato y sencillo hubiera sido mantener en los Presupuestos del Estado la partida de la tarifa con la que se financian los extracostes de los sistemas extrapeninsulares, que también rondan los 2.000 millones de euros. Esta partida ha sido definitivamente dinamitada por este Gobierno.

La respuesta a esta cuestión es sencilla:_pague lo que pague de la tarifa eléctrica, lo importante de la ley que establece el nuevo impuesto eléctrico es que los Presupuestos del Estado no harán ningún esfuerzo añadido, como ocurría con la financiación pura y simple de los costes extrapeninsulares (que fijó una norma de 2009), sino que logra una nueva vía recaudatoria desde el propio sistema eléctrico para, en teoría, acabar con el déficit de tarifa. Llegados a este punto, la cuestión es ¿y por qué no subir la tarifa eléctrica, ya que, por esta vía o por la de los impuestos, será el ciudadano el que lo pagará sin un sacrificio añadido por parte del Estado como se empeña en subrayar José Manuel Soria?

Sorprende que la pretendida reforma energética no suponga ni la más mínima modificación de Ley del Sector Eléctrico y que se limite a una recaudación de impuestos cuyos ingresos, de venir mal dadas, se los podría quedar Hacienda para aliviar el déficit público.

Según la enmienda del PP, las cuantías del año 2012 y los ejercicios posteriores, "se compensarán con un 38,3%". El porcentaje restante, que no financie las Cuentas Públicas, incluidas las desviaciones de 2012 a 2015, será sufragadas como hasta ahora a través de la tarifa de acceso y se considerará "un coste de diversificación y seguridad de abastecimiento".

Sin embargo, no tendrán tal consideración las compensaciones que se hagan vía presupuestaria, "para lo que se establecerá, a través de un reglamento, un mecanismo de control, reconocimiento y liquidación". Este sistema, aún por determinar a la espera del citado reglamento, puede resultar un caramelo envenenado para las empresas del régimen especial, que podrían ver cambiados sus actuales derechos y liquidaciones.

La enmienda del Partido Popular choca con la que ha presentado el Grupo Socialista para modificar la disposición adicional segunda, que es la que establece el destino de los ingresos obtenidos con el nuevo impuesto eléctrico.

Para los socialistas, como mínimo, todo lo que se recaude debe incluirse en el capítulo de ingresos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que es la encargada de liquidar los ingresos del sistema, y se deben destinar "prioritariamente" a las compensaciones por los extracostes de los sistemas extrapeninsulares y a los pagos del déficit de tarifa. Curiosamente, en ningún rincón del proyecto de ley figura el término déficit de tarifa, cuando su objetivo es supuestamente acabar con él.

El Grupo Socialista justifica su propuesta asegurando que "no tiene ningún sentido que cualquier medida recaudatoria que grave las energías renovables vaya encaminada a desarrollar políticas de fomento de las mismas". Y considera que los ingresos derivados de la aplicación de la futura ley "deberían ir encaminados a la reducción del déficit de tarifa y los ajustes de los ingresos y costes del sistema eléctrico".

Además, al integrarse los ingresos en los Presupuestos del Estado y destinarse después al fomento de las renovables y la eficiencia energética, podría considerarse "una ayuda de Estado", según el artículo 107 del Tratado de la Unión Europea. Este problema desaparece, según los socialistas, si se destinan a atajar el déficit de tarifa, que no lo provoca únicamente el sistema de primas a las renovables, sino otros costes del sistema.