Soplos contra el fraude fiscal

Solo en lo que va de año, la Agencia Tributaria ha recibido 997 chivatazos sobre prácticas de fraude tributario cometidas por terceros. La cifra supone un 50% más que todas las denuncias recibidas durante 2011. Una evolución creciente que no solo afecta al número de comunicaciones, sino también a la calidad y exactitud de los datos facilitados por los denunciantes. No es de extrañar que en un contexto de crisis económica -en el que la competencia se agudiza y la necesidad de sobrevivir en el mercado impone su ley- aumente la cifra de chivatazos fiscales. A ello hay que sumar el refuerzo que esta figura ha cobrado con la recién aprobada ley contra el fraude, que entrará en vigor dentro de 20 días. El texto -que prohíbe los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros- exonera de sanción a aquellos contribuyentes que pese a haber incumplido la norma, denuncien ante Hacienda el hecho y a la otra parte involucrada en él. Ensayados por primera vez en el sistema legal estadounidense, los programas de clemencia legal no pretenden erigirse en el modelo ideal de cumplimiento normativo -que debe basarse siempre en el sentido de la responsabilidad de ciudadanos y empresas- pero resultan herramientas eficaces en la lucha contra el fraude. Una batalla que en la coyuntura actual se ha convertido en una auténtica prioridad.