Rajoy anuncia 8.500 millones por el plan antifraude y los inspectores piden más medios

Francia gasta el triple que España en la lucha contra la evasión fiscal

A la misma hora que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba esta mañana que la lucha contra el fraude fiscal ha reportado 8.500 millones a las arcas públicas, los inspectores denunciaban que Francia desinta el triple de recursos en perseguir la evasión fiscal.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una reunión en el Palacio de la Moncloa con la cúpula de la Agencia Tributaria el 25 de octubre de 2012.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una reunión en el Palacio de la Moncloa con la cúpula de la Agencia Tributaria el 25 de octubre de 2012.

"Por cada euro que el Estado gasta en luchar contra el fraude ingresa entre siete y ocho euros". Bajo esta premisa, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) reclamó esta mañana durante su congreso anual celebrado en Santander más medios para luchar contra la evasión tributaria. Desde otra óptica, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en Madrid que, entre enero y septiembre, Hacienda recaudó 8.500 millones por su plan antifraude, un 18,7% más que en el mismo período del año anterior y una cifra superior también a la previsión para todo el año.

Los inspectores reconocen que disponen de potentes medios tecnológicos y mayores fuentes de información, aunque también señalan que, con más efectivos y recursos para contrarrestar la economía sumergida, los ingresos públicos aumentarían. Al cierre de este año, la Administración habrá gastado 1.357 millones en la lucha contra el fraude, importe que descenderá hasta los 1.328 millones en 2013. En porcentaje sobre el PIB, España gasta tres veces menos que Francia en perseguir la evasión fiscal y la mitad que Alemania. También está por debajo de Italia, Reino Unido o Países Bajos. Estos datos, que los inspectores esgrimieron ayer para fundamentar sus quejas proceden de la OCDE y corresponden a 2009. Según los inspectores, todo apunta a que la distancia se ha agrandado con la mayoría de países de la UE en la medida en que el presupuesto de la Agencia Tributaria se ha reducido notablemente en los dos últimos ejercicios.

En España, hay un funcionario de la Administración tributaria por cada 1.928 ciudadanos, mientras que en Francia la relación es de 860 contribuyentes por cada efectivo. En cualquier caso, los inspectores de Hacienda reconocen que la crisis de ingresos públicos no puede contrarrestarse solo con más funcionarios y recursos para la Agencia Tributaria.

A pesar de las críticas, la organización celebró la aprobación definitiva el miércoles en el Senado de la ley contra el fraude fiscal, que Rajoy calificó "como la más ambiciosa de la Democracia". La normativa incluye buena parte de las históricas reclamaciones de los inspectores, como una profunda reforma del sistema de módulos por el que tributan buena parte de los autónomos. El secretario de la organización de inspectores, Francisco de la Torre, señaló que la medida resultará útil para terminar con la emisión de facturas. También aplaudió que se prohíban los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros cuando intervenga un empresario o profesional.

En la nueva normativa, la organización sólo echa en falta una reforma del proceso inspector que, por ley, solo puede durar un año. Es decir, el tiempo entre que se abre una inspección y finaliza no puede superar, por regla general, los doce meses. En este sentido, apuntaron que es un plazo muy corto y recordaron que las investigaciones para desarticular la red criminal china de blanqueo en el polígono de Cabo Calleja duraron tres años.

En cualquier caso, ninguna normativa antifraude aprobada hasta ahora había tomado tanto en consideración la opinión de los inspectores de Hacienda, que siguen criticando duramente la aprobación de la amnistía fiscal el pasado marzo. Al igual que la mayoría de expertos, opinan que el Ejecutivo no logrará recaudar los 2.500 millones presupuestados. Hasta junio, solo se habían logrado 50 millones y el plazo para acogerse a la declaración tributaria especial termina el próximo 30 de noviembre.