Editorial

Los frutos de la burbuja inmobiliaria

La decisión de Royal Urbis de declararse en preconcurso con más de 3.500 millones de deuda ha puesto a la compañía inmobiliaria en la antesala de lo que podría constituir el segundo mayor concurso de acreedores de la historia de España, tras el de Martinsa Fadesa en 2008. La declaración preconcursal permite a la inmobiliaria disponer de cuatro meses para tratar de llegar a un acuerdo con sus acreedores bancarios. Una suerte de balón de oxígeno que responde al espíritu con el que se diseñó la reforma concursal: tratar de evitar en lo posible las declaraciones de concurso y buscar una salida para aquellas empresas en dificultades. De no lograrse el acuerdo, la compañía presidida por Rafael Santamaría probablemente entraría en concurso entre enero y febrero de 2013, lo que obligaría a las entidades bancarias acreedoras a tener que anotarse fuertes provisiones de cara al próximo ejercicio.

La reciente historia contable de Royal Urbis -que incluye una refinanciación de deuda en 2008, otra en 2010 y una tercera en 2011- no solo ejemplifica los devastadores efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria en España, sino que reproduce en gran escala la situación que viven muchas empresas que han conseguido refinanciar su deuda una y otra vez desde el estallido de la crisis. Una penosa travesía que en la coyuntura que vive actualmente España -con un mercado de crédito en situación agónica y la puesta en marcha de la operación de rescate del sector bancario desde Bruselas- parece haber llegado a un punto de inflexión. Los años en que el sector financiero ha sostenido contra viento y marea a muchas empresas en graves dificultades a través de una política crediticia cuyo principal objetivo era evitar un rosario de quiebras que pudieran enturbiar los balances de las entidades han llegado a su fin. Tras el último test de estrés realizado por Oliver Wyman al sector financiero, se abre una etapa en la que la batuta de Bruselas marcará muy de cerca la política crediticia de las entidades, lo que conllevará un sustancial cambio de signo en este capítulo.

Sin duda ese giro constituye una buena noticia para la racionalidad y futura salud del mercado de crédito español, pero también implica que en los próximos meses el número de empresas declaradas en concurso crecerá probablemente de forma exponencial. Se trata de una purga dura y dolorosa, pero también obligada y necesaria, que dejará al descubierto la frágil situación de muchas compañías sin visos de viabilidad y que han vivido hasta el momento de un apoyo financiero que no se correspondía con el estado real del negocio. De todo ello es necesario sacar lecciones que permitan no recaer en los errores cometidos.