Una política energética que amenaza la industria
El elevado precio de la energía eléctrica en España es un factor de coste que viene mermando la competitividad de nuestra industria, en especial de aquellos sectores para los que la electricidad es una materia prima imprescindible e insustituible, con una demanda muy rígida ante la evolución de los precios, como son la siderurgia, ferroaleaciones, producción de aluminio, cobre, zinc, cementos o productos cerámicos, muy afectados por la crisis económica, que están inmersos en procesos de reducción de plantillas.
Desde MCA-UGT seguimos con atención la evolución del mal llamado proceso de liberalización del sector eléctrico, y hemos denunciado los efectos negativos que estaba teniendo sobre estos sectores industriales y, consecuencia de ello, en los trabajadores. Estamos asistiendo a una continua elevación del precio de la electricidad. La tramitación de un proyecto de Ley de Medidas Fiscales en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética que, tras esa rimbombante denominación, esconde la pretensión de financiar mediante impuestos el déficit de tarifa generado en estos años. Unos impuestos dirigidos a las compañías eléctricas, pero que van a ser repercutidos en los consumidores.
Estas nuevas figuras impositivas gravan todas las fuentes de generación y según los cálculos más solventes, los incrementos de precio se situarán entre el 10%y el 15%, distorsionando la estructura de costes de las empresas de los sectores afectados. Ante el revuelo levantado por los efectos que van a derivarse de este proyecto de ley, que ha llegado a amenazas de deslocalización de actividades por parte de algunas empresas, imprescindibles en su entorno económico, el Gobierno está a punto de aprobar una nueva orden ministerial que contribuye a resolver el problema de alguna empresa concreta, pero no deja de ser un nuevo parche, que se suma a la multiplicidad de decisiones inconexas adoptadas en estos meses de Gobierno popular. En efecto, tras haber denostado la interrumpibilidad, ahora se aumenta un 75% en una disposición que tan solo será aplicable a empresas muy concretas -Alcoa, Asturiana de Zinc y una planta de Arcelor-, dejando al margen a la mayor parte de las empresas de los sectores afectados.
Desde MCA-UGT celebramos que esta orden ministerial haya permitido resolver el problema planteado en Alcoa, pero no podemos dejar de denunciar, por una parte, el uso electoralista que se le ha dado y, por otra, que además de insuficiente, el recurso a la interrumpibilidad es mucho menor hoy que en coyunturas más favorables. Estamos de acuerdo en el fondo y siempre hemos valorado la contribución que, con la aplicación de dicha interrumpibilidad, las empresas hacen a la mejora de la eficiencia global del sistema eléctrico y garantía de la seguridad del suministro, al flexibilizar sus procesos de producción reduciendo la potencia demandada en situaciones de desajuste del sistema, aun a costa de los efectos que esto tiene en la planificación de la producción y con ello en los turnos y condiciones de trabajo. Pero no podemos estarlo en la forma, porque no deja de ser una medida coyuntural e insuficiente que no está integrada en un planteamiento global de política energética.
Los analistas, e incluso el Gobierno, coinciden en la necesidad de abordar una auténtica reforma energética, más urgente y necesaria que la reforma laboral que se apresuraron a acometer. Pero esta reforma ha de hacerse a favor de la industria y no en su contra, siendo sus objetivos principales reducir el coste de la energía eléctrica; disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles; fortalecer nuestra capacidad de autoabastecimiento, sin perder de vista la vertiente medioambiental de reducción de las emisiones de CO2, todo ello en el marco de una auténtica política energética europea.
Las medidas que se adopten en materia energética no pueden poner en peligro el futuro de nuestra industria, que es el sector que dota de fortaleza y solidez a nuestra economía, y ha de ser la base del necesario cambio de modelo productivo, que debe basarse en un aumento del peso de la industria en la composición del PIB, así como en la mejora de la calidad del empleo.
Como establece la reciente comunicación de la Comisión Europea sobre Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación -sobre la que el Ministerio de Industria manifestó su total coincidencia-, es preciso invertir la tendencia al declive de la industria europea en el objetivo de que se sitúe en el 20% del PIB en 2020, lo cual ha de pasar por que el conjunto del Estado recupere su papel y no se limite solo a corregir las deficiencias del mercado, actuando como agente dinamizador de la industria, y para ello es imprescindible disponer de una política industrial y energética activas y adecuadas.
José Ignacio San Miguel
Responsable de Siderurgia y de las Industrias de Energías Renovables de MCA-UGT