La misma agenda en todos los territorios
La crisis económica ha condicionado el calendario electoral en toda Europa y ha cambiado Gobiernos incluso en lugares resistentes a los bandazos políticos. Ejecutivos con acreditada etiqueta en la resolución de la crisis han sido engullidos en el pasado por la voracidad de la recesión en todos los puntos del mapa europeo, y así tiene pinta de seguir ocurriendo hasta que la economía se estabilice y el electorado comience a ver una salida razonable de la incertidumbre.
Pero en España ha condicionado incluso el propio calendario, agotando antes de tiempo proyectos políticos planteados para la duración racional de una legislatura, como ocurrió con la convocatoria de elecciones generales para noviembre de 2011, o como ha ocurrido ahora con las autonómicas vascas y gallegas. La ingobernabilidad en Euskadi por la presión regional a las políticas nacionales de recorte precipitó el anticipo electoral, tal como ha ocurrido en Galicia ante la posibilidad de que un mayor ajuste económico impidiese al Partido Popular de Feijóo renovar su mayoría. Pero la crisis ha puesto prietas las filas a todos los partidos que se mueven en los cánones de gobernabilidad, que abandonan sus relatos radicales e imposibles de campaña para pasar a las gestiones moderadas y posibles de Gobierno. Y lo que es más llamativo, ha unificado en un margen muy pequeño de actuación las políticas de la izquierda y de la derecha, que no se distinguen por mucho más allá que el grado de convicción en la aplicación de los únicos programas rigoristas y reformistas. Incluso las distintas formas de llamar a las mismas cosas desaparecen en unas pocas jornadas de decisiones difíciles.
Las dos comunidades que han renovado a sus dirigentes ahora, País Vasco y Galicia, tendrán que mantener las mismas políticas, por muy diferentes que sean sus Gobiernos, por diferentes que sean los mecanismos de financiación de sus políticas de gasto y por diametralmente diferentes que sean sus aspiraciones sociopolíticas. Se le dé el valor que se quiera al hecho de que los nacionalistas vuelvan al Gobierno vasco tras una reparadora ausencia que ha enterrado, entre otras cosas, el que parecía irresoluble cáncer del terrorismo; se le dé el valor que se quiera al hecho de que los gallegos ratifican las políticas de austeridad de su Gobierno y del PP en todo el país, un espaldarazo no despreciable a las políticas severas de Rajoy, unos y otros tienen un compromiso con el rigor presupuestario como primera providencia en los próximos años para contribuir a sacar a España de la crisis en la que está atrapada. Ese mandato pasa por contribuir al compromiso de hacer a las Administraciones españolas financiables, así como mantener el grado de servicios públicos que les asignan sus estatutos, pero con menos recursos que en ejercicios pasados, porque mientras se recupera el crecimiento que sustente los ingresos fiscales, hay que recomponer la credibilidad con un ejercicio adicional de eficiencia. El creciente sentimiento crítico de la población con el funcionamiento de las autonomías, súbitamente acelerado con la crisis financiera del Estado (las regiones son también parte del Estado), tiene que ser desmontado con un sobreesfuerzo de eficiencia en la gestión y en la contribución solidaria a una solución mancomunada de la crisis.
Aunque los acontecimientos bien podrían llevar a España a una revisión constitucional del modelo autonómico para dar satisfacción a las aspiraciones lógicas de algunos territorios, y de paso corregir los excesos de otros, la prioridad debe ser superar la crisis y la credibilidad de los fiadores de España, y eso es cuestión de todos. La responsabilidad de los nacionalistas vascos en este caso, los moderados y los radicales, es determinante. Deberían utilizar su mayoritaria cuota de poder para consolidar la pacificación del País Vasco haciendo abstracción de los instintos soberanistas, y contribuir así a bajar la temperatura al conflicto catalán, que tiene que entrar en vías de solución tras las autonómicas del 25 de noviembre.