Reformas más rápidas para las pensiones
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ondea la bandera de la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social hasta más allá de los límites financieros razonables del sistema, por el hecho formal de que lo prometió en su campaña electoral y por el hecho real de que tiene un examen no poco trascendental ante las urnas el próximo día 21 de octubre en Galicia y el País Vasco, que podrían erosionar su posición política y marcar el inicio de un declive electoral tan solo nueve meses después de haber arrasado con una mayoría absoluta. La inflación marca ahora un 3,5%, y podría terminar en noviembre cerca del 4%, puesto que aún la dura subida del IVA no ha impactado plenamente en el IPC. De hacerlo, el cumplimiento de la palabra del presidente podría costarle a los españoles 3.000 millones de euros este año y otros tantos en 2013 por la consolidación de la revalorización.
Una cantidad muy difícil de asumir por las cuentas públicas tan estresadas como las españolas, a las que le costará lo indecible llegar a un déficit del 6,3%. Y más difícil de vender a la opinión pública que cumplir la ley es mejor que ahórraselo, teniendo en cuenta el excesivo sacrificio exigido a unos colectivos y no a otros. Mientras los pensionistas cobrarían tres puntos de subida, los funcionarios no cobrarán la extra de este año y con el que viene llevan tres completos con el sueldo congelado.
Y es que la situación en la que está el sistema de pensiones, con déficit ascendente y necesitado de crecientes inyecciones del dinero del Estado, necesita una revisión profunda de sus parámetros fundamentales y, seguramente, la corrección de algunos de los vicios adquiridos que más dinero cuestan a los cotizantes contribuyentes. Europa, muy crítica con España por el temor al súbito envejecimiento de la población en los próximos años y a la longevidad de esta crisis destructiva en materia de ocupación, ha intensificado en las últimas semanas la presión para que el Gobierno haga al menos dos cosas. Dos cosas, que, en caso de solicitar el rescate financiero, son ineludibles, y que por eso mismo el Gobierno ya está trabajando en ellas.
Debe disolver el endemoniado mecanismo de revalorización que hoy ampara la legislación, para sustituirlo por otro más razonable y menos volátil. Debe comenzar a aplicar las reforma pactadas en el año 2011 y acelerar la transitoriedad para que la edad de jubilación se retrase en el medio plazo (la ley la deja para 2027). Y debe atajar los vicios de la prejubilación y jubilación parcial para sostener la mayor cantidad de tiempo posible los cotizantes en activo. Debe, en definitiva, aplicar un factor de sostenibilidad realista con la situación de crisis de la economía para no llegar a generar en la población la duda sobre la viabilidad de las pensiones. Si tal cosa ocurriera, la crisis entraría en otra dimensión de incalculable superación.