Sobre las nuevas auditorías exhaustivas
Desde estas mismas líneas hemos comentado, en anterior oportunidad, sobre el disparate técnico que encierra la expresión auditorías totales, reclamadas, en oportunidades puntuales, desde la ignorancia de los que fungen de políticos; en unos casos, para tratar de exponer ante los ciudadanos las miserias de la herencia recibida y, en otros, para fustigar la supuesta ineficiencia de los nuevos gestores públicos. Estos días, y en relación con el llevado y traído asunto de la debilidad financiera del sistema bancario nacional y su indefensión ante los llamados mercados internacionales, se revela, en editoriales y crónicas de diversos medios, que existen, también, auditorías exhaustivas, parientes cercanas, si no gemelas, de las totales.
Como paradigma de esta nueva modalidad auditora se exhibe la intervención (exigida por Bruselas, apadrinada y observada por organismos internacionales y resignadamente aceptada -y pagada- por el Gobierno nacional) de un oligopolio de empresas consultoras y auditoras internacionales. Esta nueva brigada internacional de ¡400! consultores y auditores ha participado y unido esfuerzos (mientras las firmas auditoras nacionales y los técnicos del Banco de España eran desechados a las tinieblas exteriores a rechinar y crujir de dientes) para descubrir cuáles son los bancos que requieren ayuda financiera y a cuánto ascendería dicha ayuda. Pues bien, las revelaciones brigadistas, que se exhiben y comentan ditirámbicamente en los diversos medios, no es que se aproximen, sino que coinciden, sustancialmente, con lo que era público y notorio antes del experimento internacional.
Complacida ahora, supuestamente, Bruselas, a costa de la frustración de los técnicos nacionales y el desconcierto de la ciudadanía, lo que debe reconocerse sin precedente alguno en el contexto europeo no es tanto el despliegue del tour de force inquisitorial sobre la banca nacional, cuanto el monto de la factura que el Banco de España se haya comprometido a pagar al favorecido binomio de consultores y auditores.
Una factura que, cuando se haga efectiva, reclamamos también se haga de público conocimiento, para, al menos, satisfacer el morbo de los ciudadanos interesados en estas fruslerías asociadas a la austeridad del gasto. Es más, esperamos que las autoridades competentes accedan a informar a la ciudadanía -individuos comunes o técnicos en la materia interesados- sobre (a) cuál fue el procedimiento de selección de las dos empresas consultoras y de las cuatro -y por qué no cinco, o seis, o - firmas auditoras; (b) el alcance o términos de referencia del trabajo solicitado de las consultoras y de las auditoras; (c) si estas últimas comunicaron formalmente al Gobierno sobre qué, y qué no, se podía esperar de su intervención y cuáles eran las limitaciones inherentes a su trabajo; (d) si, previamente a la ejecución de un engagement como este, de la resonancia internacional, financiera y política que se le adjudica, se requirió de las consultoras y auditoras (este escribidor lo hacía, normativamente, durante sus décadas de servicio en varios organismos financieros internacionales) cuáles eran las cualificaciones académicas y de experiencia internacional en este tipo de investigaciones, que podían ostentar, si no los 400 más legionarios consultores y auditores, al menos, sus capitanes más connotados, y (e) si las firmas auditoras se comprometieron a presentar, a la terminación de su examen, además del informe, un memorando de recomendaciones y, de ser así, si el público que lo solicite tiene acceso a las mismas, junto con los respectivos informes. (Que, al fin y al cabo, es su dinero, amable lector, y el mío, el que, en forma de recursos públicos, se ha utilizado o se va a emplear en el pago de estos servicios).
Técnicamente, el trabajo que las autoridades nacionales aceptaron desarrollar en el caso de autos, parece consistir en lo que se conoce en la profesión como un special work con fines preacordados, y que puede referirse a cualquier cosa menos a una auditoría financiera sujeta a normas internacionales de planificación, ejecución e información. Y debemos recordar, una vez más, que una cosa es consultoría y otra auditoría, como se conoce esta internacionalmente y, entre nosotros, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) que -propiedad técnica de su denominación institucional aparte- regula y vigila la actividad de la auditoría profesional en el país. (¿Podríamos saber, colegas del ICAC, si fue consultado y, en todo caso, qué opina ese honorable organismo del proceso de contratación y desarrollo del trabajo de esta consultoría-auditoría, y de la consistencia técnica y oportunidad de los findings o resultado de la intervención de la legión extranjera auditora en la banca nacional?
Y, aunque sospechamos que no es materia de su competencia, ¿comentarán, en su día, sobre la razonabilidad de la relación coste-beneficio de esta sonada evaluación? Por nuestra parte, nos remitimos a la cervantina reflexión del ingenioso hidalgo: "Para este viaje, Sancho ". O, si el lector gusta de los clásicos grecolatinos, Montes parierunt et exit mus. ¿Quién será el gato que se coma este ratón?
Ángel González-Malaxetxebarria. Especialista internacional en gobernabilidad, gestión financiera y auditoría