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Ve problemas en las funciones y organización de la nueva CNMC

El Consejo de Estado critica lagunas legales en la fusión de los reguladores

El dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto por el que se fusionan los reguladores sectoriales en la nueva Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) critica, en un tono moderado, lagunas en asuntos como las funciones, la organización o la financiación del nuevo organismo.

El Consejo de Ministros del pasado 7 de septiembre declaró el carácter urgente del anteproyecto de ley de creación de la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), exigiendo así al Consejo de Estado que emitiese un dictamen en el plazo de nueve días. El anteproyecto, que implica la fusión de los organismos reguladores sectoriales -los principales son el de la Competencia (CNC), el de la Energía (CNE) y el de las telecomunicaciones (CMT)-, arrastra ya ocho versiones distintas desde que el Gobierno lo aprobara el pasado 20 de enero.

La premura exigida al Consejo de Estado ha impedido que el pleno de este organismo diese el visto bueno al dictamen definitivo, que ha sido aprobado por unanimidad solo por su Comisión Permanente. De hecho, el citado dictamen, al que ha tenido acceso CincoDías, centra su primera crítica en la urgencia y premura que se ha exigido a una tramitación que debería haber sido "mucho más detenida" por tratarse de una reforma "de especial trascendencia". En este sentido, el informe echa en falta "un amplio trámite de audiencia pública, que hubiese recogido con detalle la opinión de las empresas de los distintos sectores afectados" o del Consejo Económico y Social (CES).

El dictamen del Consejo, cuyo cometido es determinar si una norma en proyecto es conforme a ley, crítica prácticamente todos los aspectos de la futura reordenación, que persigue reducir el número de organismos (hay hasta ocho reguladores, muchos aún sin funcionar); simplificar la estructura de funcionamiento; aumentar la neutralidad y profesionalidad y que responde a objetivos de austeridad.

Una de las críticas principales se refiere al reparto de funciones entre ministerios y la CNMC. Aunque la apertura de expedientes por parte de Economía que figuraba en el primer borrador ha pasado después a la nueva autoridad de la Competencia, quedan lagunas al respecto. En concreto, el Consejo señala que en el anteproyecto subsiste un problema de "inseguridad jurídica" en la definición de ciertas funciones y recomienda que algunas competencias concretas se atribuyan a la CNMC. Así, especifica que el nuevo organismo debe tener funciones en facetas como oferta plural, acceso a redes, interconexión y explotación en red abierta, precios y comercialización.

En cuanto a la estructura organizativa, ha encontrado también "lagunas" en su definición, tanto en el diseño orgánico como en el funcionamiento y selección de personal. Igualmente, considera imprescindible la creación de comités consultivos en la nueva CNMC; cuestiona la definición de los puestos de los directores de instrucción y recalca que la importancia del presidente de la entidad se reduce, entre otras razones, por su corta duración de mandato (tres años no reelegibles).

Sobre la potestad sancionadora, la crítica del Consejo es más evidente y expone que, tal y como esta se encuentra enunciada, "o es superflua o es notoriamente insuficiente y genera una gran inseguridad", afirma. Y acerca de la potestad normativa exige "expresamente" que se dé audiencia a los ciudadanos.

Tasas

Financiación. El Consejo de Estado "no objeta" que la financiación mayoritaria venga vía Presupuestos del Estado, pero ha encontrado un "confuso régimen" de gestión, liquidación, recaudación e ingreso de las tasas.Mejora. Para reordenar este aspecto, exige que se establezca claramente que la gestión y liquidación de tasas corresponderá a los ministerios, salvo las correspondientes por estudio de las operaciones de concentración.

El dictamen no entra en el relevo de los consejos

El informe que por vía de urgencia ha remitido el Consejo de Estado al Gobierno sobre el anteproyecto por el que se crea la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) critica todos los aspectos de la reforma, aunque siempre en un tono suave. Sin embargo, el dictamen pasa por alto una cuestión importante: si se conculca la legalidad y la independencia de los organismos al extinguirse de forma prematura los mandatos de los consejos de administración de los distintos organismos que se van a disolver o fusionar (solo en sus funciones supervisoras, pero no reguladoras). Esto es, la autoridad de la Competencia (CNC); la Comisión Nacional de la Energía (CNE); la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP).Y es que no es la primera vez que un Gobierno del Partido Popular transforma un organismo (en su día creó la CNE y eliminó la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico) con el objetivo de relevar en el cargo al presidente y los consejeros nombrados por sus antecesores en el Ejecutivo.Al respecto existe un antecedente investigado por Bruselas sobre la agencia de protección de datos de Hungría, un organismo al que se cambió de nombre y se convirtió en órgano colegiado y fue destituido su director.Los reguladores que serán disueltos en el futuro elaboraron en su día informes muy críticos con la reforma, a algunas de cuyas tesis se ha adherido el propio Consejo de Estado. También los partidos de la oposición han arremetido contra le misma.El Gobierno debe aprobar ahora el proyecto de ley definitivo de la creación de la CNMC, que deberá superar el trámite parlamentario.

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