Las cuentas públicas en internet, ya
La globalización y los avances en materia de nuevas tecnologías, especialmente de internet, han dado lugar a una serie de iniciativas y demandas de carácter interactivo que están sometiendo a las Administraciones públicas de todo el mundo a una importante presión para innovar y cambiar la forma en que se relacionan con los ciudadanos.
La adopción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha sido una tendencia global y un elemento esencial en los programas de modernización de las Administraciones públicas en las democracias occidentales. En la búsqueda de nuevos estilos de gobernanza, las TIC pueden resultar un instrumento positivo de mejora de la confianza de los ciudadanos en la Administración.
Actualmente, a través de internet, los ciudadanos pueden descargar formularios, consultar, realizar transacciones online, pagar impuestos... Sin embargo, no siempre las webs de las Administraciones públicas muestran signos claros de transparencia. La transparencia es un fin en sí mismo, especialmente cuando nos referimos a las entidades públicas. Aunque la mayoría ha abierto una web y aunque los informes de las organizaciones multilaterales resaltan las ventajas que ello supone para transformar las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, todavía estas ventajas están lejos de materializarse.
No todos los países ni todos los sectores de la economía están haciendo un uso similar de las webs en materia de rendición de cuentas. El sector empresarial tiene en nuestro país el mandato de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de publicar las cuentas de las empresas cotizadas en sus respectivas webs. También existe una iniciativa en el entorno británico que exige a las entidades locales difundir sus cuentas en sus páginas web. Y otros países, como los nórdicos, han introducido ya sus respectivas leyes de transparencia que permiten el acceso general a documentos públicos.
En nuestro país se da una cierta difusión en las webs a los presupuestos públicos, pero menos a las cuentas anuales que son las que informan sobre la situación financiera real de la entidad a final de año. ¿Por qué no publican sus cuentas en internet todas las entidades públicas si las tienen disponibles para enviarlas a los órganos de control y es el medio más económico en términos de tiempo y eficacia de facilitar información? ¿Por qué no se les obliga a que lo hagan de forma detallada, junto con un informe de auditoría que certifique la adecuación de dichas cuentas a los principios de contabilidad generalmente aceptados? ¿Y por qué no se establecen medidas de presión o sanciones si esto no se lleva a cabo, como se han introducido recientemente para las entidades locales que no envían sus presupuestos al ministerio?
Aunque hay algunas iniciativas que merecen destacarse, como el portal que ha abierto el Tribunal de Cuentas con los estados contables de numerosas entidades locales, sigue habiendo ausencias importantes tanto en materia de rendición de cuentas como de auditoría pública. Y la futura Ley de Transparencia, aunque sienta las bases de la publicación online de las cuentas, no establece plazos ni un sistema de sanciones que garanticen su cumplimiento efectivo.
No es fácil dar a los ciudadanos una explicación sobre estas ausencias, especialmente en el momento actual en el que se está enfatizando, como en todas las crisis, la necesidad de mejorar la asignación de recursos públicos para evitar despilfarros y fraudes. Las TIC, y especialmente internet, pueden facilitar y mejorar la transparencia en este ámbito, y en general en toda la gestión pública. Y la ciudadanía puede no entender que estas prácticas de transparencia no se apliquen a entidades financiadas con dinero público. Si la Administración no es transparente, internet no hará que lo sea.
Lourdes Torres y Vicente Pina. Catedráticos de la Universidad de Zaragoza. Grupo de trabajo del Documento AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas)