Más luz y más taquígrafos en Eurovegas
El proyecto de edificación de Eurovegas, el macrocomplejo de juego y ocio que el magnate Sheldon Adelson va a construir en la Comunidad de Madrid, continúa siendo fuente de especulaciones, rumores y lenguaje político cuidadosa y estudiadamente dosificado. Tras la última "intuición" -al menos de momento- de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que el miércoles señaló Alcorcón como el municipio que acogerá Eurovegas, la atención se ha desplazado a esta localidad madrileña, a los 12,3 millones de metros cuadrados sobre los que podría levantarse el proyecto y a las sociedades propietarias de los terrenos. Más allá de las expectativas sobre la ubicación final del proyecto, la noticia de que Las Vegas Sands se queda en Madrid ha dividido también a los sindicatos, que ayer se pronunciaban en sentido opuesto sobre los efectos que ello tendrá sobre la economía y, por lo tanto, sobre el empleo madrileños. Mientras el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, aseguraba que "si se cumplen las leyes y no se producen excepciones legales por parte de la Comunidad de Madrid" -en referencia a la legislación sobre el tabaco- el proyecto podría ser positivo para el empleo, el secretario general de CC OO Madrid, Javier López, mostraba su "oposición total" y calificaba de "mentira" tanto la magnitud de la promesa de inversión en la comunidad como su posible impacto beneficioso en el mercado de trabajo. López advertía sobre las posibles exenciones fiscales que se concedan a Las Vegas Sands y del peligro de que el complejo de ocio y juego solo sirva para "lavar dinero negro".
Hasta cierto punto es natural, previsible y razonable que el anuncio de un proyecto de la magnitud de Eurovegas despierte tanto esperanzas como recelos y suspicacias. Más aún cuando la gestación y comunicación de la noticia se ha desarrollado en medio de un mar de rumorología, opacidad e ironía política. Pese a ello, es evidente que un proyecto de este tamaño tendrá un impacto considerable y beneficioso sobre la economía y el empleo, pese a que finalmente este pueda ser mayor o menor del previsto. También es probable que Eurovegas se acoja a las exenciones fiscales que contempla para estos supuestos la legislación española, como es de esperar que nuestra normativa antiblanqueo se aplique en las mesas de juego de Las Vegas Sands al igual que en cualquier otro casino. Si ello no fuese así y existiesen indicios de que el trato dado al macrocomplejo excede o vulnera el marco legal, existen canales de control administrativo y judicial suficientes en España que sindicatos y otros agentes pueden y deben utilizar. En cualquier caso, el Gobierno regional haría bien en aplicar la máxima transparencia política y administrativa a la génesis y desarrollo de Eurovegas y abandonar una estrategia de intuiciones y rumores que solo sirve para alimentar la desconfianza.