Ruiz-Mateos: "Siempre hubo intención de pagar" por el hotel en Baleares
José María Ruiz-Mateos ha enviado a los medios de comunicación la declaración que no quiso hacer ante la Justicia por la compra de un hotel en Mallorca. Según el empresario, "siempre hubo intención de pagar", pero no se hizo por razones ajenas a él.
José María Ruiz-Mateos ha remitido a los medios la que hubiera sido su declaración ante la jueza María Pascual en su citación del pasado 23 de agosto, tras acogerse ayer a su derecho a no declarar en la causa en la que está imputado por estafa en la compra-venta del hotel Eurocalas de Mallorca.
Ruiz-Mateos compareció ayer ante la juez María Pascual -tras su detención el día anterior en su domicilio de Somosaguas (Madrid), ser traslado a Palma y haber pasado la noche en dependencias policiales-, pero se acogió a su derecho a no declarar en esta causa en la que está imputado también por presunta administración desleal y alzamiento de bienes.
En un comunicado remitido a los medios, su portavoz, Ignacio Fernández Candela, distribuye un documento de declaración del empresario en el que culpa al Banco de Santander y a la crisis de que haya dejado de pagar por la compra del Hotel Eurocalas de Mallorca.
En el texto, Ruiz-Mateos reconoce que la negociación para la compra del hotel la llevó él mismo, "como de costumbre, junto con los colaboradores y ejecutivos pertinentes", y que "siempre hubo intención de pagar" a Francisco Miralles, quien vendió el hotel.
Según el empresario, se dejó de pagar a Miralles por varios motivos "ajenos" a su voluntad, como el estallido de la "brutal" crisis económica, con la consecuente disminución de las ventas del grupo Nueva Rumasa, y el "nefasto comportamiento del Banco Santander" con este grupo.
El empresario asegura que el banco canceló créditos a Nueva Rumasa por valor de 41 millones de euros y que, en 2010, les denegó otro crédito de 20 millones que "ya había sido concedido", además de obligarles "a reducir la deuda por sorpresa y sin previo aviso".
Ruiz-Mateos subraya su "voluntad de pagar todo lo pendiente" con el dinero que, según dice, el Estado le debe por la expropiación de Rumasa en 1983.
El portavoz defiende que ésta hubiera sido la declaración del empresario "si no existieran fortuitos e involuntarios impedimentos circunstanciales y dada la sorpresiva actuación de la juez María Pascual con una primera detención innecesaria que ha derivado en un encadenamiento de problemáticas añadidas".
En su querella, Miralles acusa al empresario, junto a sus seis hijos varones, por la estafa de 13,9 millones de euros como avalistas de un sobrino que le compró el hotel por valor de 24 millones de euros.