Un ajuste severo, pero necesario
Uno de cada tres euros del recorte que deben realizar las comunidades autónomas para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% del PIB corresponde a gastos de personal. Ello significa que las regiones deben realizar un ajuste de 3.497 millones de euros solo en este capítulo, ya sea a través de rebajas salariales, recortes de complementos retributivos e incluso ajustes de la prestación por incapacidad temporal, tal y como se recoge en los respectivos planes económico-financieros que han presentado para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A día de hoy, los planes de ajuste presentados por los Ejecutivos autonómicos han experimentado ya cambios, como el aplazamiento de algunas medidas de rebaja salarial tras el anuncio por parte del Gobierno central de la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios. Pese a ello, todas las hojas de ruta regionales apuntan a una misma dirección, que es tan severa como obligada e inaplazable: la necesidad de reducir unos gastos que en muchos casos se han revelado superfluos, cuando no desmesurados. Pese a la dureza del ajuste, la purga que deben llevar a cabo las Administraciones regionales sobre su personal no se agota en esta batería de medidas. A ellas hay que sumar también la posibilidad de aplicar en el sector público despidos colectivos por razones económicas, una medida que contempla el reglamento de la reforma laboral que prepara el Gobierno.
Con los recortes en este y en otros capítulos de gasto, las Administraciones autonómicas no hacen otra cosa que redimensionar su tamaño y ajustarlo a una realidad que se ha ido recrudeciendo con el paso del tiempo y que ya no es posible ignorar. Un ejercicio duro y difícil, pero que no constituye patrimonio exclusivo del sector público regional, sino que ha sido realizado ya de forma dolorosa en gran parte de las empresas españolas. Tras el recorte presupuestario que han de apurar las regiones, y que suma en total 17.364 millones de euros, se esconde, además, el fracaso de un modelo de organización territorial y competencial que es necesario revisar, pero todavía más urgente racionalizar.
Entre las medidas que barajan los Gobiernos regionales para suavizar en lo posible el sacrificio que habrá que asumir en términos de personal, figuran excedencias voluntarias y reducciones de jornada con su correspondiente reducción salarial. Todos ellas son propuestas positivas para minorar en lo posible el impacto que el ajuste presupuestario tendrá sobre los puestos de trabajo en el sector público. Un impacto que -conviene recordar- no es gratuito, sino el resultado evidente de una herida que ha sido alimentada durante años por malas prácticas en materia de gestión pública.