Una ventana de dos años para la financiación
España ha vivido del crédito externo durante la segunda parte del boom de crecimiento experimentado desde la llegada del euro. Cuando a partir de 2003 la fuerte demanda de crédito ligada a expectativas de revalorización ilimitada de los activos inmobiliarios obligó a la banca a buscar recursos fuera, porque el ahorro interno se había agotado, las autoridades monetarias y políticas debieron tomar decisiones. Debieron echarle el alto a la banca, encareciendo el crédito con más provisiones, o a la demanda final, con subidas de impuestos. Debieron enfriar la economía, lisa y llanamente, aunque hubiese resultado un ejercicio desagradable para todos. Era la única forma de haber evitado que hoy la economía española tenga el apalancamiento privado más alto de la OCDE y genere dudas razonables sobre su sostenibilidad tras haber contaminado al Estado, además de mantener paralizadas las expectativas de crecimiento económico. Pero no se hizo, y hay que convivir ahora con la situación de riesgo continuo, con una presión de los mercados que tiene el país con unas tasas de financiación inalcanzables con las que no podrá convivir eternamente.
Consecuencia de la escapada de los últimos diez años, España tiene necesidades financieras desorbitadas en los diez próximos, y necesita tipos razonables para poder atenderlas. En concreto, solo en los cinco meses que faltan de este año la economía española necesita financiar y refinanciar 141.000 millones de euros, contabilizando las emisiones del Tesoro público, las de la banca y las de las grandes empresas no financieras. Pero esta cantidad se prolonga hasta los 381.000 millones si se computan las necesidades del ejercicio 2013 también. Una cantidad mareante, nada menos que el 36% del PIB del país.
La banca no tendrá problemas aparentes para lograrlo, puesto que la ventanilla del Banco Central Europeo está abierta todos los días a precio de saldo y a cambio de cualquiera de los colaterales disponibles. Pero el Tesoro y las grandes empresas deben hacer un esfuerzo adicional dada la prima de riesgo que hoy se exige a las emisiones españolas públicas, que se replica, incrementada, para las sociedades no financieras.
Un sobrecoste tan elevado como el que ahora soporta el Tesoro, y que se traslada a la economía privada paralizando la inversión y encareciendo la refinanciación de las endeudadas empresas españolas, no puede mantenerse demasiado tiempo porque puede estrangular la economía y profundizar en una recesión. Sea con intervención del BCE, condicionada por su presidente, sea con ayuda del fondo de rescate a la que parece está abocado el país, España necesita alivios inmediatos en los tipos de sus bonos. Y lo necesita por un tiempo prolongado.
Los expertos creen que hoy hay al menos 200 puntos básicos del tipo del bono a diez años (así como en el resto de los plazos de la deuda) no justificados por los fundamentales de la economía, que serían imputables o bien a la especulación o a la falta de confianza de los inversores. El resto pueden estimarse imputables a las cuentas de España y a su pobre escenario de crecimiento en el medio y largo plazo, porque no debe ser gratis tener el déficit público por encima del 9% tres años seguidos, con absoluta incapacidad para reducirlo. Pero las decisiones que el Gobierno ha tomado desde enero en ingresos y gastos, con intensivas dosis de reformas estructurales, permiten ser optimistas tanto en un recorte sensible y continuado del déficit como en la recomposición de las bases del crecimiento.
Solo falta abaratar la financiación ajena, sin la que una economía sin ahorro no puede desenvolverse. Por ello las fuerzas institucionales con fortaleza para manejar el mercado (BCE y fondo de rescate si España solicita definitivamente ayuda) deben abrir una ventana de financiación prolongada en el tiempo, no menos de 18 o 24 meses, para permitir la financiación a precio razonable mientras maduran las reformas iniciadas tanto como para recuperar el crecimiento. El Gobierno ha adelantado sus movimientos fiscales para los próximos tres años, con un ajuste de más de 100.000 millones, así como su calendario reformador; los socios comunitarios deben acompañar el movimiento con decisiones que permitan recuperar la confianza en la cuarta economía de la eurozona, sin la que el euro no será una moneda plenamente garantizada.
