En tiempo de descuento
Una cosa es la teoría y otra los resultados. El autor explica por qué es imprescindible un cambio en la tendencia de la evolución de la economía. Aconseja sentido común y búsqueda de soluciones.
Resulta difícil explicar la falta de resultados de las recomendaciones que se hacen para superar la larga y cruda recesión que estamos viviendo, pero debemos aclarar que estas pasan por el tamiz de los intereses particulares y del juego político, como no podía ser de otra manera, que condicionan su aplicación. Como ponía de manifiesto el premio Nobel de Economía de 1974, F. A. Hayek, no podemos estar seguros de que las teorías económicas se apliquen adecuadamente por los responsables públicos y surtan los efectos deseados, y no otros.
Por otra parte, el contexto de la economía en el que se adoptan las medidas económicas dista mucho de ser estable, más bien es impredecible, incluso en el corto plazo, y estamos entrando en terrenos ignotos hasta hace poco tiempo, y cuestiones como el descuelgue del euro por parte de algún país y sus efectos sobre la propia Europa son hoy situaciones que no podemos garantizar que no se producirán, por lo que las medidas que se propongan pueden ser erróneas si el marco se modifica.
Si esta situación dificulta realizar recomendaciones, los continuos cambios que se están produciendo en las previsiones económicas para 2012 no crean la confianza necesaria para tranquilizar a los mercados financieros y suponen un obstáculo para la inversión exterior. Me refiero a cambios como las previsiones del déficit público, del que se pasó de aceptar el 4,5% exigido por la UE a tratar de imponer el 5,8%, al 5,3% pactado con Bruselas, para subir al 6,3% actual. O la tardanza en aprobar los Presupuestos para 2012, para modificarlos en varias ocasiones por reales decretos-leyes, la primera algunos días después.
Por otra parte, el funcionamiento del sistema financiero actual hace que los países necesitados de ayuda para superar la situación de crisis vean cómo los intereses de la financiación que precisan sube a niveles que hace que el servicio de la deuda absorba ingentes cantidades de recursos, que deberían ir a la necesaria consolidación fiscal de sus cuentas públicas o a fomentar la recuperación económica. Por poner el caso más próximo, en España el montante de los intereses de la deuda en los Presupuestos del año 2012 es equiparable a los gastos por desempleo, cantidad que podría destinarse a fomentar proyectos que faciliten la creación de condiciones más favorables al crecimiento, además de la reducción del déficit de las cuentas públicas.
Es necesario e imprescindible cambiar la tendencia de la evolución de la economía española a la vista de los datos de la última encuesta de población activa, EPA, del mes de junio, en la que el porcentaje de población en paro ha batido el récord de 1974, superándolo en ocho centésimas, con un 24,63% de la población activa, que representa en valores absolutos a 5.693.100 parados. El resto de los datos son igualmente preocupantes, pues 1.737.600 hogares tienen a todos sus miembros activos en paro, más del 53% de los jóvenes menores de 25 años está en esta situación y hay 3 millones de personas en paro de larga duración, por mencionar algunas de las más alarmantes.
Estas cifras concuerdan con una variación del PIB en el segundo trimestre del año del -0,4%, tras los dos anteriores del -0,3% y previsiones negativas para 2012 y 2013, tanto del Gobierno como del Fondo Monetario Internacional (FMI). Si se cumplen estas previsiones y tenemos en cuenta que el empleo se mueve con retraso respecto de las variaciones del PIB, las expectativas para la creación de empleo son bastante pesimistas.
El análisis de los datos de la EPA permitiría realizar muchas otras consideraciones, pero quiero referirme especialmente a los efectos que el paro está teniendo ya sobre el sector que es una pieza clave en las economías de los países occidentales, como es el sector industrial, que debe ser la base de la recuperación económica y de la creación de puestos de trabajo sostenibles, ya que respecto de la EPA anterior ha perdido 21.000 empleos.
Desde el Consejo de Economistas hemos propugnado en varias ocasiones la necesidad de que la industria española aproxime su aportación en valor añadido, actualmente en el 15,3%, a la media de la zona euro, que se fija en el 17,8%, lo que requeriría una actitud firme y decidida del Gobierno ante esta situación. La industria tiene un papel fundamental en la vertebración de cualquier economía, que en el caso de España se incrementa por su estructura como Estado autonómico, además de un efecto multiplicador en el resto de las actividades. De hecho, creo que será difícil cambiar la tendencia general de la economía española sin la participación de la industria.
En esta contexto, el sistema de financiación de las comunidades autónomas tampoco aporta claridad a la situación y, si bien su deuda es parte de la deuda del Estado, las solicitudes de ayuda por algunas de ellas crea una sensación de falta de control y de quiebra del sistema. Hay que añadir la dificultad de penetrar en el complejo entramado administrativo y a veces incomprensible sistema de financiación de las autonomías, cuando son las comunidades las que ejecutan la mayor parte del gasto total de las Administraciones, con un 36%, frente a un 22% de la Administración central. Por el lado de los gastos nos encontramos con situaciones inaceptables en cualquier momento, pero mucho más en época de crisis, como la duplicidad de servicios, y el consiguiente incremento del gasto, entre las distintas Administraciones, central, autonómica y local.
Ante este panorama, cualquier planteamiento de acción por parte de nuestros responsables políticos debería estar movido por la búsqueda de la eficiencia, evitando el solapamiento de las actuaciones, por lo que cada Administración debería tener un catálogo de responsabilidades que sea preciso y reconocible, propio de los países descentralizados serios, y dado que el bienestar y las expectativas de nuestros conciudadanos se merecen un respeto, es hora del sentido común y de la búsqueda de soluciones, aunque en el proceso haya que dejarse algunos jirones de ideología.
Valentí Pich Rosell. Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas