"Tenemos que saber si una reforma tan importante como la constitucional fue recomendación del BCE"

Isaac Ibáñez solicitó al defensor del Pueblo de la UE que aclarara las principales exigencias que contenía una carta secreta de Trichet a Zapatero el 5 de agosto de 2011, dos semanas antes de la reforma de la Constitución.

El abogado español Isaac Ibáñez quería saber qué llevó al Gobierno a modificar la Constitución Española en pocas semanas el 23 agosto de 2011. Con esta objetivo solicitó al defensor del Pueblo de la UE que aclarara hasta qué punto el Banco Central Europeo (BCE) había exigido esfuerzos al Gobierno español para reducir el déficit y si, en efecto, había exigido una reforma constitucional para establecer un límite al gasto público.

Ibáñez no ha conseguido acceder a la carta íntegra que Jean-Claude Trichet, entonces presidente del BCE, envió el 5 de agosto de 2011 al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que el organismo regulador de la moneda única imponía condiciones para la compra masiva de deuda que permitió relajar drásticamente la prima de riesgo.

"No sé qué diría la carta entera, pero como lo mantienen en secreto debía decir cosas muy graves. El BCE transmitió un extracto de la carta al defensor del pueblo con un resumen de las observaciones y recomendaciones que hacía le hacía al Gobierno de aquel entonces como condición sine qua non para que le comprara deuda pública: reforma del mercado laboral y reformas estructurales de la economía española, entre otros", declara Ibáñez.

El BCE, un órgano elegido mediante la negociación política entre los mandatarios de los países del eurogrupo, no tiene competencia para exigir medidas a los estados. Por este motivo, Ibáñez exigió "que me dieran la carta o, al menos, acceder a parte de su contenido para aclarar si había alguna sugerencia o alguna petición para la reforma que se hizo en unos días, deprisa y corriendo. Entiendo que hubiera información delicada que no se puede difundir". El abogado asume que el BCE tenga información confidencial para no espantar a los mercados pero, bajo ningún concepto imponer una reforma constitucional.

"Una reforma constitucional es un acto de soberanía. En efecto, no se pedía, aunque la decisión de Zapatero fue consecuencia de la carta, pese a que no lo pidiera el BCE. La carta se interpretó como tal, pero no se pedía la reforma, según el análisis del defensor del Pueblo", añade.

"El defensor del pueblo ha conseguido difundir el contenido parcial de la carta y es un primer paso para que el BCE sea un organismo más transparente. Eso no significa que no den explicaciones, como han hecho después, aunque sea de manera sucinta, sobre sus decisiones", subraya Ibáñez, satisfecho con los resultados obtenidos por el defensor del Pueblo, que mandó a dos agentes hasta Fráncfort para inspeccionar la carta. "No tiene más: si había una petición de reforma constitucional o no, lo tendrían que haber dicho desde el primer momento".