Nota a la contaminación aérea
El sistema de etiqueta energética que mide la contaminación en el proceso de fabricación y en el consumo de los electrodomésticos ha llegado a los aviones comerciales. En plena guerra entre la Unión Europea y China e India, cuyas aerolíneas se niegan a pagar la tasa de CO2 impuesta por la UE a todos los aviones que aterricen y despeguen en suelo europeo, la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) ha dado luz verde a la creación de una etiqueta energética que mida el nivel de eficiencia en la fabricación de aviones comerciales, desde privados hasta los más grandes del mundo, el A-380 del fabricante Airbus.
La medida trata de establecer un estándar internacional para impulsar la fabricación de aviones con menos CO2 a base de motores más eficientes en dióxido de carbono, menor consumo de combustible e innovaciones en diseño aerodinámico o materiales avanzados como materiales compuestos y aleaciones ligeras.
La medida llega en plena batalla legal entre la Unión Europea y las aerolíneas comerciales de países extracomunitarios, en concreto China e India, que se han negado a pagar la tasa de CO2 para compensar sus emisiones de dióxido de carbono en los aviones que despegan y aterrizan en suelo europeo.
Fuera de Kioto
Hasta 10 aerolíneas de estos países no han comunicado a Bruselas los datos de sus emisiones por considerar que no están obligadas a abonar compensación alguna al estar fuera del Protocolo de Kioto, el único acuerdo internacional vinculante sobre emisiones. La Comisión Europea creó esta directiva en 2008 y obliga a las compañías aéreas a comprar el 15% de las emisiones de sus vuelos. Este pago por el CO2 supone el recargo de unos euros entre París y Pekín, aunque depende de la asignación de emisiones a cada compañía.
El sistema de comercio de derechos de emisión que la UE lanzó en 2003 está en vilo por la bajada del precio de la tonelada de CO2, que la Comisión estimó en unos 20 euros para que resultara rentable, pero que ha caído hasta los 6 euros.
La cifra
6,5 euros vale la tonelada de CO2 en el mercado de emisiones de la UE, que pensó en 20 euros para que esta política funcionara.