Devolver la viabilidad al Estado autonómico
El único banco posible ahora para la Generalitat es el Gobierno de España". Esta sorprendente frase del consejero de Finanzas de Cataluña, Andreu Mas-Colell, rendición definitiva del agotamiento financiero catalán y antesala de la petición del auxilio del Estado, evidencia el fracaso del modelo del Estado autonómico en su actual disposición financiera. Aunque los problemas de liquidez de los Gobiernos regionales -tres de los cuales han solicitado ya el rescate al Estado- tienen una relación directa con la situación general de la economía y la pérdida de confianza del proyecto España. Sin duda, algo está mal diseñado y gestionado en las comunidades autónomas para que su deuda sea rechazada y expulsada del mercado.
Además, el oscurantismo sobre el estado financiero y contable de las comunidades en general, solo en parte corregido ahora y más por el amparo que precisan del Tesoro que por convicción, es una de las circunstancias que más condicionan la financiación exterior: nadie en las grandes plazas financieras europeas entiende el montaje institucional de las autonomías y su relación con el Estado. Haber aflorado súbitamente dos puntos largos de déficit sobre PIB en los últimos meses y haber mantenido una política de aplazamiento sistemático y sine díe de centenares de miles de facturas a sus proveedores, sin ningún tipo de seguridad jurídica que les ampare, ha minado la credibilidad autonómica dentro y fuera de España. Cierto es reconocer que la crisis es excepcional y que excepcionales son sus consecuencias. Pero una arquitectura financiera y administrativa que no resiste el estrés de una recesión, por severa que sea, debe ser corregida para el futuro, como será corregido para el futuro el modelo bancario nacional.
Las cajas de ahorros han desaparecido, podrían liquidarse entidades y la capacidad instalada del sector se reducirá notablemente. En las comunidades autónomas, su grado competencial y disponibilidad financiera, alguna corrección debe haber. Eso que debe ocurrir debe estar en el centro de un hipotético, pero necesario, pacto nacional para superar la situación crítica en la que está el país. Hasta en el Parlamento se ha planteado, pero los dos grandes partidos se miran de reojo y dejan pasar la ocasión porque ambos tienen intereses políticos en el asunto que saben que será doloroso corregir. Pero PP y PSOE deben poner sobre la mesa el actual Estado autonómico y revisar sus competencias, su estructura financiera y sus mecanismos de rendición de cuentas. Chocarán con las posiciones nacionalistas, muy variadas, muy intensas y muy radicales en España; pero cuando la crisis se supere no podemos volver al esquema actual como si no pasase nada, porque se volverían a cometer los mismo errores como si no pasase nada.
La asimetría autonómica del país no ayuda a resolver el conflicto, con regiones con plena autonomía fiscal, otras anhelándola y otras rechazándola porque sus niveles de renta y riqueza las condenaría siempre a un estatus de segunda categoría. Se puede considerar un atrevimiento político el órdago de Artur Mas y el Parlamento catalán al pedir una Hacienda propia solo 24 horas después de solicitar el rescate al Estado. Pero es evidente que ha puesto sobre la mesa el debate con toda su crudeza.
En competencias, nadie debe tratar de abarcar más de lo que puede apretar, y bien estaría mancomunar la gestión de servicios para hacerlos más eficientes y financiables. Y en ingresos, debe tener plenos poderes sobre ellos quien gestiona los gastos, para que haya plena corresponsabilidad fiscal y compromiso real con los administrados, y acabar con el ejercicio perverso y recurrente de poner el contador a cero cada vez que se terminan los recursos y los cubre, como ahora, el Estado.