Trampas 'consentidas' para alargar los plazos

Las empresas de la construcción han pasado de vivir el momento más dulce de la historia reciente a encontrarse al borde del abismo.

Han pasado de cobrar directamente del banco las certificaciones de obra que les emitía la Administración correspondiente (Estado, autonómica o local), porque la garantía pública era incuestionable, a no recibir siquiera la factura de dicha certificación de fin de obra porque así no corre el reloj del plazo de pago.

"Se trata de mecanismos bastante perversos que están utilizando todas las Administraciones con el único objetivo de retrasar el momento en que deben pagar un proyecto", aseguran en una constructora. Esto provoca, por ejemplo, que la recepción definitiva de algunas obras se retrase hasta un año cuando, sin embargo, los coches ya han empezado a circular y en otros tiempos los plazos eran de apenas dos meses, subrayan fuentes del sector. Son medidas que claro que suponen ahorros considerables, pero no pagar no es reducir el gasto, "son más bien trampas que si en otra época eran consentidas por todos porque el crédito fluía, ahora hacen la crisis aún más difícil", aclara un analista experto en construcción.

Fuentes de Fomento consultadas por CincoDías admiten que se está tratando de solucionar la situación "extremadamente complicada" heredada del anterior Ejecutivo. Recuerdan que en lo que resta de ejercicio se van a tratar de abonar 600 millones procedentes de expropiaciones no pagadas (algunas datan de hace siete años), 250 millones de obras ejecutadas en 2011 para la que no había dotación presupuestaria y otros 250 millones de obras ya puestas en servicio. La esperanza es ahora que el capital privado retorne a la inversión en infraestructuras.