La paga de Navidad en 2015, pendiente del déficit
Hacienda no asegura su recuperación futura en las pensiones.
Cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció la supresión de la paga extra de diciembre de los empleados públicos este año, aseguró que el importe ahorrado se devolvería en 2015 en forma a aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. Sin embargo, el real decreto que acaba de publicar el BOE no hace ninguna referencia al año 2015 y sólo apunta que la supresión de la paga extra se compensará en "ejercicios futuros". Y añade que este compromiso sólo se llevará a cabo si se cumplen los objetivos de déficit.
Es decir, con la ley en la mano, los empleados públicos no tienen asegurado que los 4.000 millones de ahorro que supondrá eliminar la paga extra termine finalmente engrosando sus planes de pensiones en 2015.
El término "ejercicios futuros" es vago y tanto vale para el ejercicio 2015 como el 2020 o el 2025. Por otra parte, el requisito de cumplir los objetivos de déficit añade más incertidumbre. España lleva desde 2008 rebasando los límites de déficit fijados por Bruselas. Además, si bien es factible que la Administración central reduzca sus números rojos en la cuantía que exige la Comisión Europea, todo indica que las comunidades autónomas incumplirán su objetivo de estabilidad. Además, Hacienda exige que las autonomías obtengan superávit en 2015, algo que no han logrado nunca.
El real decreto también abre la posibilidad para que la supresión de la paga extra no se aplique en diciembre y se realice de "forma prorrateada entre las nóminas pendientes de percibir en el presente ejercicio a partir de la entrada en vigor de este real decreto". En cualquier caso, ello dependerá de que Gobierno y sindicatos alcancen un acuerdo. El Ejecutivo ha reducido el máximo que se abonará a los trabajadores en los sueldos pendientes de pago en caso de quiebra de la empresa.
La normativa además incluye novedades en el ámbito del paro. Así, entre otras medidas, los recortes llegan a las indemnizaciones que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que es el organismo que paga a los trabajadores los salarios pendientes o las indemnizaciones por despido pendientes de pago en el caso de insolvencia o procedimiento concursal del empresario. El Fogasa abonará a los trabajadores en este caso los sueldos con un máximo del doble del salario mínimo interprofesional diario, cuando hasta ahora era el triple, con un tope de 120 días (hasta ahora era 150 días).
En el caso de indemnizaciones pendientes, se calcularán sobre la base de 20 días por año trabajado, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario se pueda exceder el doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. También se ha reducido el tope, ya que hasta ahora era el triple del salario mínimo interprofesional.
El Ejecutivo ha modificado el régimen de acceso a la renta activa de inserción (la ayuda de 426 euros mensuales para parados con especiales dificultades para encontrar empleo) con el objetivo de "reforzar su vinculación con el empleo" y "garantizar una mayor efectividad de los recursos públicos". Añade dos párrafos, que corresponden a dos nuevas condiciones para obtener esta renta de inserción: "durante la inscripción como demandante de empleo deberá buscarse activamente empleo, sin haber rechazado oferta adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional u otras para incrementar la ocupabilidad".
Los cuidadores de dependientes cobrarán un 15% menos
La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales considera que la reforma de la ley de dependencia supone "la práctica destrucción del sistema de atención y el retroceso de los derechos de las personas en situación de dependencia y de sus familias".Reducirá un 15% la paga a los cuidadores familiares de los dependientes. Se suspende la incorporación de dependientes moderados hasta el 1 de julio de 2015 y se simplifique la valoración a tres niveles. En materia de financiación se recortan en más de un 13% las cuantías a entregar por parte de la Administración Central a las comunidades autónomas.Critican que se incrementen las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir. A cambio de este sacrificio se empeoren las atenciones y las intensidad de los servicios de proximidad, especialmente de la ayuda a domicilio.La reforma también afectará a unos 800.000 agricultores, la mayoría, se encuadran en el "sistema de módulos" o simplificado del IRPF y no podrán desgravarse el sobre coste de lo que compran por el alza del IVA, según previsiones de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)."La gente del campo se va echar a la calle porque las cuentas no salen", pronostica el secretario general de la organización agraria UPA. Apunta el "cabreo" de agricultores y ganaderos por los recortes, la caída de precios, el alza de costes y "la puntilla" de la subida del IVA.Ramos apunta que "el alza fiscal, aprobada esta semana por el Gobierno, afecta a todos los artículos que se compran en el campo para producir, y que ya son más caros de lo que percibe el agricultor por la venta de los alimentos". "Un kilo de pienso vale más que un litro de leche y un litro de aceite se paga menos que lo que costó producirlo", explica a la agencia EFE.